La reforma del sistema de inteligencia nacional ha encendido las alarmas institucionales. El exministro del Interior y extitular de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), Miguel Ángel Toma, lanzó una dura advertencia sobre el DNU 941/2025. Según el especialista, la norma publicada a fines de diciembre último es “inoportuna y poco funcional“.
El punto más crítico de este decreto radica en una facultad que otorga un poder inédito a los agentes de inteligencia: la posibilidad de detener personas sin una orden judicial previa. Para el ciudadano común, esto significa que un organismo de espionaje podría privar de la libertad a un individuo sin el control inmediato de un juez, rompiendo con las garantías constitucionales básicas.
Toma, quien dirigió la central de espionaje durante la presidencia de Eduardo Duhalde, señaló que el texto oficial define la inteligencia como una “actividad encubierta”. El exfuncionario fue categórico al explicar que ese término “no existe en el lenguaje de la inteligencia ni teórica ni práctica del mundo” y advirtió que su uso podría retrotraer al país a “las peores épocas del terrorismo de Estado”.
El análisis de fondo sugiere que la redacción de la norma no es inocente. Al reemplazar una ley consensuada por un decreto unilateral, se abre la puerta a la discrecionalidad. “Lo único que está generando es una enorme duda de si no hay detrás de esto una intención autoritaria”, sentenció el exjefe de los espías.
Si bien Toma reconoció que la Ley de Inteligencia Nacional 25.520, sancionada en 2001, necesita una actualización debido al avance tecnológico y las nuevas amenazas del terrorismo global, cuestionó el método. Modificar estructuras sensibles mediante un decreto unilateral, en lugar del debate parlamentario, debilita la calidad democrática y revive el temor a la persecución política como mecanismo de control social. (Agencia OPI Santa Cruz)