(Por: Rubén Lasagno) – Ante versiones que indican que la familia Costa se desprendió hace tiempo de la empresa Sophia Energy SA o parte de ella, argumento sostenido para simular que no existen intereses políticos y comerciales cruzados de parte del empresario, quien se prepara para incidir fuertemente en la política provincial de cara al 2027 y siendo más contradictorio aún que su empresa forma parte del proyecto de explotación de uranio que incentiva y lleva adelante el gobernador Claudio Vidal al cual está asociado indirectamente a través de Fomicruz SE pero (se supone) enfrentado desde lo político, profundizamos la investigación y hurgamos en documentación comercial y minera y de acuerdo a los registros oficiales consultados en las bases de datos privadas, los Boletines Oficiales de la República Argentina, documentos obtenidos por fuentes de la Secretaría de Ambiente de Santa Cruz y Boletines Oficiales de la provincia, correspondientes a los años 2024 y 2025, no hemos detectado venta o traspaso de la razón social a terceros, modificaciones relacionadas con aumentos de capital social, cambios de objeto o modificaciones de estatuto en el período solicitado o cesión de acciones, venta y/o participación de terceras empresas asociadas en la composición de Sophia Energy SA.
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Los últimos registros de Sophia Energy SA datan del 19 de enero del año 2024 (Boletín N° 35.345, Segunda Sección) donde consta el Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 31/10/2023 y Acta de Directorio de fecha 31/10/2023 (N° de Edicto 2185/24), por la cual se designó el Directorio de la sociedad, quedando integrado desde ese momento por Carlos Alberto De Grandis como Presidente y Director Suplente a Julio Cesar De Grandis (con mandato por tres ejercicios) con domicilio especial en la calle Florida 537, piso 18, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este domicilio coincide con la sede social ratificada por la empresa en sus registros ante la Inspección General de Justicia (IGJ).
Qué dice y qué no dice el EIA de Sophía Energy SA
Si algo es difícil conseguir en Santa Cruz es documentación oficial, aún recurriendo al derecho de la información que es un hermoso título para los discursos pero una utopía en la práctica, pudimos acceder al Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Laguna Sirven, donde la empresa minera realizó los cateos, los cuales (así como la baja de los mismos) figuran en Boletines Oficiales de Santa Cruz.
Para el año 2026, la situación de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) de Sophia Energy ante la Secretaría de Minería de Santa Cruz refleja una transición crítica: el paso de la exploración inicial a la evaluación de factibilidad económica y ambiental para la extracción a escala.
La información documentada que se encuentra en la Secretaría provincial al 2026, indica que Sophia Energy SA a finales de 2025 presentó la actualización obligatoria para la etapa de exploración avanzada. Esto incluye el permiso para realizar “trincheras” (excavaciones superficiales) y perforaciones mayores en la zona de Laguna Sirven.
El EIA (Estudio de Impacto Ambiental) integral para la explotación comercial (la etapa de “mina abierta”) aún no ha sido aprobado definitivamente. En agosto de 2025, el Ministro de Energía, Jaime Álvarez, confirmó que los estudios técnicos específicos para la concentración del mineral estaban en proceso y se espera su presentación formal durante el primer semestre de 2026.
¿Qué dice el EIA que nadie conoce?
El proyecto de Sophia Energy reflejado en el extenso EIA al que tuvimos acceso, se presenta bajo una narrativa de “minería de bajo impacto”, diferenciándose de la minería de oro o plata de acuerdo al método de extracción; eluranio en Laguna Sirven es superficial (está a menos de 2 metros de profundidad) y por lo tanto más accesible desde el punto de vista extractivo. El estudio, propone un método de cantera abierta sin necesidad de voladuras a gran escala.
La empresa asegura que el proceso no utilizará cianuro. Se evalúan métodos de lixiviación ácida o alcalina en circuito cerrado para obtener el “yellowcake” (concentrado de uranio) pero el punto más sensible del EIA presentado es el uso de agua, de hecho, muy escasa en zona norte y particularmente en Las Heras y alrededores. El proyecto debe demostrar que no afectará los acuíferos de la cuenca del Golfo San Jorge, vitales para el consumo humano en la zona de Las Heras y alrededores. Hasta ahora no hay información clara al respecto pero las fuentes de la propia Secretaría de Ambiente creen que la intervención de Fomicruz, va a zanjar favorablemente ese problema, excepto por la repercusión social negativa alrededor del proyecto y de los cuestionamientos serios que pueda llevar a cabo la sociedad de Las Heras, tanto en el uso de agua potable como de la contaminación aérea-ambiental.
Lo que Vidal, ni Fomicruz, ni Sophia Energy o Costa, te cuentan
La explotación de uranio a cielo abierto conlleva riesgos particulares debido a que combina los impactos de la megaminería convencional con los peligros específicos de la radiactividad y la toxicidad química del uranio.
La salud de las personas que viven cerca de una mina de uranio se ve amenazada principalmente por tres vías: inhalación de gas Radón (radiactivo incoloro e inodoro que se libera al remover la roca y produce cáncer de pulmón), ingestión (el polvo radioactivo con partículas de radio y polonio transportado por el viento) y la exposición directa de los trabajadores y comunidades cercanas.
Más allá de la radiación, el uranio es un metal pesado químicamente tóxico. Si llega al agua potable, su consumo afecta principalmente a los riñones (nefrotoxicidad). De acuerdo a estudios científicos documentados en EEUU y Europa, la exposición prolongada a bajas dosis de radiación se ha vinculado en diversos estudios con alteraciones en el ADN, problemas de fertilidad y malformaciones congénitas en generaciones futuras.
Otra mala que los involucrados ocultan
El impacto ambiental por la explotación uranífera a cielo abierto es profundo y en muchos casos, irreversible durante siglos.
El riesgo más crítico es que los metales pesados pueden filtrarse hacia los acuíferos cercanos. Al exponer rocas sulfatadas al aire y agua, se genera ácido sulfúrico que disuelve metales pesados, creando un “caldo” tóxico que contamina ríos y aguas subterráneas. Los residuos del procesamiento (lodos) se almacenan en diques. Si estos fallan o se filtran, liberan el 85% de la radiactividad original de la roca al ecosistema.
Por otro lado hay una realidad que los gobiernos y las empresas ocultan: la minería de uranio requiere enormes volúmenes de agua para el control de polvo y el procesamiento del mineral, lo que suele competir con el suministro para consumo humano y agricultura en zonas áridas. ¿Más competencias por el agua van a tener Las Heras, Pico Truncado, Koluel Kaike y Caleta Olivia, siendo que actualmente y desde hace 30 años sufren la falta de agua mínima para vivir, al punto que la necesidad ha sido motivo para crear “Emergencias hídricas” en todas las épocas?.
Un “garante” de dudosa imparcialidad
Un detalle documentado en los edictos de 2025 es que FOMICRUZ S.E. actúa como co-firmante de las presentaciones ambientales. Esto tiene un doble propósito, pues al ser una empresa estatal, el proceso administrativo dentro de la Secretaría de Minería tiende a ser más fluido y por otro lado el Estado santacruceño utiliza su propio brazo minero para auditar las muestras que Sophia Energy es la encargada de enviar a laboratorios internacionales (como los de Canadá), asegurando que los niveles de radiación informados en el EIA coincidan con la realidad del terreno.
Para marzo de 2026, Sophia Energy tiene previsto presentar estos estudios en la feria PDAC en Toronto (Canadá), buscando socios financieros internacionales bajo la premisa de que el proyecto ya cuenta “con el visto bueno ambiental preliminar” del gobierno provincial.
Ahora la palabra la tienen los ciudadanos de Las Heras y los pueblos originarios, en primer término y la población de Santa Cruz en conjunto, para determinar si quieren o no la minería uranífera en la provincia y si de llevarla a cabo se va hacer bajo estándares óptimos de seguridad ambiental y humana o se hará como se lleva a cabo la minería en Santa Cruz desde hace tantos años, donde la contaminación de suelos es un hecho de la realidad, porque se desconocen o vulneran los carísimos estándares de seguridad industrial en la materia, como es común en la Argentina de la impunidad en la que nos toca vivir.
¿Qué es y qué dice?
Es importante precisar que un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) es un documento técnico extenso (a menudo de cientos de páginas) que las empresas presentan ante la autoridad ambiental de la provincia —en este caso, la Secretaría de Estado de Ambiente de Santa Cruz— y que generalmente se somete a audiencia pública.
Sintetizando la extensión del EIA de Sophia Energi SA, según los registros que posee la autoridad minera de la provincia, podemos resumirlo en pocos ejes centrales que nos permitan entender el contexto en el cual fue armado.
El estudio describe un entorno de estepa patagónica con las siguientes características:
- Depósitos de calcretas con mineralización de uranio alojada en sedimentos superficiales y subsuperficiales.
- El informe analiza la proximidad a la cuenca de la laguna Sirven, asegurando que las actividades de perforación no afectarán acuíferos profundos de agua potable debido a que el mineral se encuentra a escasa profundidad (menos de 20-30 metros).
- Se identifican especies autóctonas (guanacos, choiques) y vegetación de arbustal ralo. El EIA propone un plan de manejo para evitar la fragmentación del hábitat.
El EIA detalla las tareas que generan mayor interacción con el ambiente como el uso de lodos de perforación y la disposición de recortes (cuttings), el movimiento de suelos para el acceso de maquinaria pesada y la gestión de residuos sólidos urbanos y efluentes (campamentos temporales).
La conclusión técnica del estudio presentado por Sophia Energy S.A. sostiene que los impactos se consideran localizados y reversibles durante la etapa de exploración. Dado que se trata de uranio, el EIA incluye un Plan de Protección Radiológica para el personal y el manejo de muestras, asegurando que los niveles de radiación natural no se ven alterados significativamente por la remoción de suelo superficial y en cuanto a las tareas de remediación se compromete el taponado de pozos de perforación y la restauración de la cobertura vegetal en las áreas intervenidas una vez finalizada la campaña.
Participación ciudadana
Aunque el proyecto ha tenido diversas etapas de presentación, los hitos más recientes buscando la transparencia y validación social se vieron representadas en las instancias de diálogo y presentación técnica principal centralizado en la localidad de Las Heras, por ser la ciudad más próxima al yacimiento.
El 8 de agosto de 2025, el gobernador Claudio Vidal encabezó un encuentro en Casa de Gobierno con representantes de los Pueblos Originarios de Las Heras para dialogar sobre los alcances del proyecto y el Estudio de Impacto Ambiental. Previamente, se realizó un taller técnico y participativo en Las Heras (Workshop de Exploración) para informar sobre las tecnologías de exploración y las medidas de seguridad radiológica previstas.
Marco Legal de la Audiencia
De acuerdo con la Ley Provincial Nº 2658 de Evaluación de Impacto Ambiental de nuestra provincia, la audiencia pública o social es un requisito obligatorio antes de la aprobación definitiva de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).
En el caso de Laguna Sirven, la estrategia oficial ha sido la de “consulta previa e informada“, buscando el consenso antes de avanzar hacia la fase de explotación industrial. Esto responde a la fuerte mirada crítica de las asambleas ambientales de la zona norte de Santa Cruz sobre el uso del agua y la seguridad nuclear, pero también a las críticas sociales proveniente de la comunidad de Las Heras, teniendo cuenta que el Intendente Carambia no se va a oponer al gobierno provincial y tampoco a Eduardo Costa.
Organizaciones involucradas
Entre las organizaciones que participan de la observación del proyecto Laguna Sirven se encuentra la Asamblea Ambiental de Las Heras un actor local más crítico. Han cuestionado la falta de información detallada sobre el consumo de agua y el riesgo de dispersión de partículas radiactivas por los fuertes vientos de la zona, la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Caleta Olivia quienes han acompañado las presentaciones de impugnación, enfocándose en la defensa de la Cuenca del Golfo San Jorge y el impacto interprovincial; la Asambleas del No a la Mina (Red de Comunidades de la Patagonia), aunque su foco histórico ha sido Chubut, han brindado apoyo técnico para impugnar la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), argumentando que el proyecto de uranio en Laguna Sirven es la “puerta de entrada” para la megaminería radiactiva en la región; OIKOS Red Ambiental organización que suele suele intervenir con análisis legales y técnicos sobre los Estudios de Impacto Ambiental en Santa Cruz, observando posibles vicios en los procedimientos de audiencia pública y Comunidad Mapuche-Tehuelche de Las Heras que participan en el diálogo directo con el gobierno provincial. Si bien algunos sectores buscan acuerdos de beneficios, otros han expresado reservas sobre la afectación de territorios ancestrales y la protección de sitios con valor arqueológico o espiritual. (Agencia OPI Santa Cruz)