(OPI TdF) – La industria textil de Tierra del Fuego atraviesa uno de sus ciclos más oscuros. Según denunció Rodrigo Cárcamo, secretario general de SETIA, el 60% de la fuerza laboral del sector ha sido barrida desde el inicio de la actual gestión nacional. El dato no es solo una cifra estadística; representa el desmoronamiento de un ecosistema que supo sostener a cientos de familias en el norte de la provincia.
De las 11 empresas que operaban en los picos de mayor desarrollo, hoy solo 5 permanecen operativas. Este achicamiento del parque industrial de Río Grande responde a una combinación de factores que el gremialista define como un “cóctel letal”: la apertura irrestricta de importaciones y el auge de plataformas de compra directa al exterior.
El impacto en números
A nivel país, la sangría es similar. Se estiman 16.000 puestos perdidos en el rubro textil y otros tantos en indumentaria. En la isla, la situación se agrava por el costo logístico y el incremento de las tarifas de servicios públicos, que han vuelto inviables a las unidades productivas que no gozan de la escala necesaria para competir con productos importados.
“Podrían quedar únicamente unidades de muy pequeña escala, con dotaciones mínimas de personal“, advirtió Cárcamo, señalando que la caída del poder adquisitivo ha frenado en seco el consumo interno, el principal motor de estas plantas.
El futuro de la Ley 19.640
El sector textil ha sido históricamente el “eslabón débil” dentro del régimen de promoción industrial, enfrentando constantes prórrogas cortas y una mirada fiscalizadora más rígida que la aplicada al sector electrónico. Sin un cambio en la política de costos y protección de mercado, el riesgo de que Río Grande se convierta en un cementerio de galpones industriales es hoy una posibilidad técnica. (Agencia OPI Tierra del Fuego)
