(Por: Rubén Lasagno) – El miércoles 28 de enero publicamos una nota donde señalamos que el gobierno provincial está liquidando una deuda de más de 2.000 millones de pesos que SPSE tiene con el Sindicato de Luz y Fuerza, tratando de “limpiar el camino” y buscan consenso para transformar en el curso del año, a la empresa Servicios Públicos en una Sociedad Anónima.
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Hoy vamos a ocuparnos por aclarar para la opinión pública, en qué se basa la tendencia oficial de transformar los entes oficiales, especialmente de servicios, en estas figuras que en la realidad no responden al carácter específico de una sociedad anónima como tal (como se conocen en el sector privado), sino que tiene una intención muy distinta a la de ser más eficiente desde lo administrativo y comercial.
¿Por qué una u otra?
Para entender por qué el Gobierno de Santa Cruz elige una u otra (Sociedad del Estado o Sociedad Anónima), hay que mirar más allá del nombre. Ambas son herramientas que buscan “sacar” al organismo de la administración central (Ministerios) para darle agilidad, según el argumento oficial, pero tienen diferencias legales y políticas profundas.
Sociedad del Estado (S.E.)
Es el modelo que en Santa Cruz viene desde hace años, cuando el kirchnerismo decidió darle esta forma a Servicios Públicos (SPSE) y Fomicruz.
En el caso de este tipo de figura el capital es 100% estatal. Por ley, tienen prohibido admitir capitales privados, se rigen por la Ley Nacional N° 20.705 y aunque son una “empresa”, el Estado tiene el control absoluto y no puede vender acciones a particulares sin una ley que transforme su naturaleza.
En Santa Cruz se usa para servicios estratégicos, como el sector de energía/minería y/o petróleo, donde el Gobierno quiere mantener el monopolio o el control total, pero necesita un régimen de contrataciones más rápido que el de un Ministerio.
Sociedad Anónima con Participación Estatal (S.A.)
En nuestra provincia es el modelo de Distrigas o Santa Cruz Puede.
El Estado es el socio mayoritario (tiene el 51% o más de las acciones), pero permite socios privados, se rigen por la Ley General de Sociedades (N° 19.550), igual que cualquier empresa privada (como Techint o una Pyme) y en Santa Cruz se elige cuando el Gobierno busca asociarse con empresas internacionales (común en minería o energía) o cuando quiere que la empresa funcione puramente con “lógica de mercado”.
¿Por qué el Gobierno prefiere una u otra?
El punto fundamental que decide su utilización, en este caso por parte del gobernador Vidal, es “el atajo administrativo” porque ambas figuras permiten algo fundamental: evitar la Ley de Contabilidad Pública.
En un Ministerio, para comprar una camioneta, se requiere una licitación pública que pasa por 10 oficinas de control preventivo. En una S.E. o S.A., el Gerente puede aprobar una “Compra Directa” o un “Concurso de Precios” en 48 horas.
Si el Gobierno de Santa Cruz quiere, por ejemplo, desarrollar el hidrógeno verde o la minería con inversores extranjeros, usará una S.A.. ¿Por qué? Porque el inversor extranjero no quiere ser socio de una “Repartición Pública”, quiere ser socio de una Empresa que hable su mismo lenguaje jurídico y contable. Sin embargo la diferencia legal se borra cuando ambas se usan como “cajas políticas”. Ya sea S.A. o S.E., si no hay un control parlamentario real, se convierten en estructuras donde se puede contratar amigos o inflar presupuestos sin que la sociedad se entere a tiempo.
Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE)
Sobre la manera de cómo impacta esta lógica de empresa estatal en SPSE, digamos que de la información colectada, es el caso más complejo debido a su estructura masiva. El impacto de la normativa y la visión actual se centra en en saneamiento financiero ya que históricamente SPSE ha dependido de subsidios directos del tesoro provincial para cubrir su déficit operativo (especialmente por la compra de energía a CAMMESA).
Los objetivos de esta transformación (al menos la establecida como normativa) busca que el ente funcione bajo una lógica de costos reales, ajustando cuadros tarifarios y mejorando la recaudación para reducir la dependencia estatal.
Otro punto que se busca es la Descentralización Operativa, en este caso se busca que la empresa tenga agilidad para realizar compras críticas (bombas de agua, transformadores) sin pasar por el circuito administrativo lento de la administración central. Al ser una “Sociedad del Estado”, ya cuenta con esta facultad, pero la gestión actual pone el foco en la auditoría de resultados.
La normativa facilita que SPSE pueda buscar financiamiento externo o realizar convenios con el sector privado (como empresas mineras o petroleras) para obras de infraestructura eléctrica que beneficien tanto a la industria como a las localidades cercanas.
Controversia
El principal punto de debate alrededor de la transformación de SPSE, es que basicamente la profundización de ese modelo deja de lado la protección del usuario.
Al mover los entes hacia una lógica empresarial la principal controversia son las tarifas, pues la presión de que las tarifas reflejen el costo real, esto puede impactar en el bolsillo del ciudadano en un contexto de inflación, ademas que los cortes por falta de pago, se intensifican considerablemente, se acortan los tiempos y los barrios que están “colgados” pierden la posibilidad de usufructuar de la energía, que hoy el Estado provee mirando para otro lado.
Por otra parte al operar como Sociedades Anónimas, el control de la Cámara de Diputados sobre los gastos diarios es menos directo que en un ministerio, lo que exige mecanismos de transparencia (como el Tribunal de Cuentas) mucho más robustos. Y en Santa Cruz la robustez de los organismos de control padecen de un raquitismo sustancial que los aleja de sus objetivos fundamentales. (Agencia OPI Santa Cruz)