(Por: Rubén Lasagno) – Como todos recordarán, en el culebrón entre el Ejecutivo y las autoridades del Superior Tribunal de Justicia tuvo su anterior capítulo, cuando el máximo Tribunal se autoasignó un aumento del 42% en sus salarios.
Lo que era obvio pasó. En el último capítulo de esta telenovela que mantiene paralizada la justicia en Santa Cruz, el Ministerio de Economía, a la hora de depositar los fondos para los salarios del sector, omitió los aumentos autoasignados, aludiendo por nota Nº31/25 que debido a la vigencia de la Resolución N.° 30/26 del Ministerio de Economía, están limitadas “las cuotas de pago a las pautas salariales aprobadas hasta el 31 de agosto de 2025” y refiere que se tomarán como tope los incrementos aplicados hasta el mes de diciembre de 2025 de forma tal de no incrementar el gasto corriente en el mes de enero de 2026.
A raíz del tema, la Presidente del STJ cursó nota al Ministerio de Economía en cuyo párrafo final señala “En este sentido, se informa que se continuará con el reclamo ante el Ministerio de Economía para la remisión urgente de los fondos adeudados, reafirmando así la vigencia de nuestra autarquía y el respeto por los acuerdos salariales alcanzados”.
Desconocimiento de Paritarias
Dentro del ámbito judicial han puesto el grito en el cielo, por cuanto aluden que con esta Resolución ministerial el gobierno desconoce todo lo acordado en Paritarias después del 31 de agosto del 2025, razón por lo cual han convocado a Asambleas extraordinarias de delegados (incluyendo la modalidad virtual) para discutir la situación y plantear los pasos a seguir.
El principal argumento que van a esgrimir desde el gremio judicial es que las Paritarias tienen fuerza de ley y todo lo allí resuelto debe respetarse, en tanto el Ministerio de Economía, con una simple Resolución, intenta cambiar (ilegalmente) lo establecido en un marco normativo de jerarquía superior como una Ley.
La argumentación del gobierno para negar los aumentos al sector Judicial es que la grave crisis imperante en la provincia y el país exige la racionalización del gasto público y remite a que todo lo acordado entre los sectores en negociación salarial, deben adecuarse a lo establecido en esa Resolución, en cuanto a lo acordado hasta el mes de agosto del año 2025; todo lo resuelto posteriormente (como, por ejemplo, el aumento del 42% de los Vocales del STJ) el Ministerio, no lo reconoce ni lo pagará. (Agencia OPI Santa Cruz)