(Por: Rubén Lasagno) – Como todos recordarán, en el culebrón entre el Ejecutivo y las autoridades del Superior Tribunal de Justicia tuvo su anterior capítulo, cuando el máximo Tribunal se autoasignó un aumento del 42% en sus salarios.
Lo que era obvio pasó. En el último capítulo de esta telenovela que mantiene paralizada la justicia en Santa Cruz, el Ministerio de Economía, a la hora de depositar los fondos para los salarios del sector, omitió los aumentos autoasignados, aludiendo por nota Nº31/25 que debido a la vigencia de la Resolución N.° 30/26 del Ministerio de Economía, están limitadas “las cuotas de pago a las pautas salariales aprobadas hasta el 31 de agosto de 2025” y refiere que se tomarán como tope los incrementos aplicados hasta el mes de diciembre de 2025 de forma tal de no incrementar el gasto corriente en el mes de enero de 2026.
A raíz del tema, la Presidente del STJ cursó nota al Ministerio de Economía en cuyo párrafo final señala “En este sentido, se informa que se continuará con el reclamo ante el Ministerio de Economía para la remisión urgente de los fondos adeudados, reafirmando así la vigencia de nuestra autarquía y el respeto por los acuerdos salariales alcanzados”.
Desconocimiento de Paritarias
Dentro del ámbito judicial han puesto el grito en el cielo, por cuanto aluden que con esta Resolución ministerial el gobierno desconoce todo lo acordado en Paritarias después del 31 de agosto del 2025, razón por lo cual han convocado a Asambleas extraordinarias de delegados (incluyendo la modalidad virtual) para discutir la situación y plantear los pasos a seguir.
El principal argumento que van a esgrimir desde el gremio judicial es que las Paritarias tienen fuerza de ley y todo lo allí resuelto debe respetarse, en tanto el Ministerio de Economía, con una simple Resolución, intenta cambiar (ilegalmente) lo establecido en un marco normativo de jerarquía superior como una Ley.
La argumentación del gobierno para negar los aumentos al sector Judicial es que la grave crisis imperante en la provincia y el país exige la racionalización del gasto público y remite a que todo lo acordado entre los sectores en negociación salarial, deben adecuarse a lo establecido en esa Resolución, en cuanto a lo acordado hasta el mes de agosto del año 2025; todo lo resuelto posteriormente (como, por ejemplo, el aumento del 42% de los Vocales del STJ) el Ministerio, no lo reconoce ni lo pagará. (Agencia OPI Santa Cruz)
No tiene cara, se creen una ELITE, tremendos aumentos y no ven la mínima ni el promedio de la población. NOOOOOOOO
Veanlis donde viven y que vehículos tienen. ESO ES CASTA!!!!!!
Se debe respetar la autonomía de los Poderes del Estado, el Poder Judicial en este caso puntual, tiene incrementos salariales que van enganchados con los aumentos otorgado en el STJNA, asi que, lo que se debe decir es la verdad, llegan a un 42 % porque son aumentos qué durante 12 meses no le pagaron. No estoy de acuerdo que los jueces cobren 24 millones, pero si creo que de una vez por toda se debe de RESPETAR LA DIVISION DE PODERES.
Aclaramos, para tranquilidad de la ciudadanía y de quienes padecen la dura tarea de contar billetes ajenos, que los judiciales no somos una casta, ni una corporación cerrada, ni mucho menos privilegiados.
Somos, simplemente, trabajadores con sueldos que arrancan modestamente por encima de los $3.000.000 y, en algunos casos, alcanzan apenas los $18.000.000, cifras que —como cualquiera comprenderá— apenas permiten sostener una vida austera, digna y comprometida con la justicia social.
Lejos de pretender estar por encima del común de la sociedad, entendemos que para garantizar una verdadera justicia social es imprescindible cobrar muy por encima del común de la sociedad. De otro modo, la balanza de la Justicia podría inclinarse peligrosamente hacia la realidad.
No se trata de privilegios, sino de responsabilidades. No es una corporación, es una familia judicial bien remunerada. Y no defendemos salarios elevados: defendemos la independencia judicial… que, casualmente, cotiza en millones.
Por eso rechazamos cualquier intento de limitar aumentos legítimamente autoasignados. Porque nada amenaza más al Estado de Derecho que un juez mal pago… obligado a vivir como el resto.
Sin otro particular, y esperando comprensión social ante esta delicada situación económica que atravesamos los judiciales
Juan Franco
Parece un chiste, no? tenemos tantos jueces superbien pagos y corruptos igual. La falta de honorabilidad es lo que amenaza el Estado de Derecho.
Estimada Ana,
Tiene usted toda la razón. El problema estructural del país no es la inflación, ni la pobreza, ni el déficit fiscal. Es que los jueces estén bien pagos. Claramente, ahí comienza y termina la decadencia moral de la República.
Es más, deberíamos institucionalizar su teoría de que todo funcionario que supere cierto umbral salarial pierde automáticamente la honorabilidad.
Y si hablamos de corrupción, por supuesto que existen casos resonantes. Bento, Bailaque, Oyarbide… nombres que ocuparon titulares y expedientes. Justamente eso demuestra que el sistema investiga, procesa y sanciona. Pero no, sería demasiado complejo distinguir responsabilidades individuales. Mucho más práctico asumir que la “familia judicial” completa opera como una logia secreta intergaláctica.
En esa línea, propongo avanzar, incluyamos a todos. Empleados administrativos, relatores, magistrados, vocales del Tribunal Superior —incluido el Dr. Bachanta, por supuesto— porque la generalización tiene esa belleza democrática, nadie queda afuera.
Si el sueldo es alto, la conclusión es automática.
Saludos republicanos.