El fiscal federal Diego Luciani solicitó al Tribunal Oral Federal N° 2 (TOF 2) el decomiso del departamento de la calle San José 1111, ubicado en el barrio de Constitución. En esta propiedad, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner cumple actualmente su condena a seis años de prisión por administración fraudulenta.
La presentación judicial inaugura la segunda fase del proceso de recuperación de activos. La fiscalía persigue la cifra estipulada como perjuicio económico al Estado, un monto que asciende a $685.000 millones originados por desmanejos financieros entre 2003 y 2015.
De acuerdo a los datos analizados, el domicilio de la exmandataria lidera el nuevo listado patrimonial bajo escrutinio. Los investigadores vinculan directamente este inmueble con el entramado económico forjado mediante los contratos viales de Santa Cruz.
El requerimiento oficial expande las incautaciones hacia otras propiedades patagónicas emblemáticas. El documento incorpora el hotel Alto Calafate, el hotel La Aldea de El Chaltén y el chalet de la costanera en Río Gallegos, además de múltiples terrenos.
Esta “segunda tanda” de embargos abarca un total de 141 inmuebles. Los registros adjudican 13 propiedades a sociedades de la familia Kirchner y 128 a las empresas controladas por Lázaro Báez.
El equipo de fiscales contabilizó también 46 automotores de diversa gama. A la lista patrimonial sumaron US$ 4.664.000 alojados en una caja de seguridad a nombre de Florencia Kirchner, junto a US$ 992.134 inmovilizados en una cuenta bancaria y fondos menores en pesos.
Para justificar la medida, Luciani apuntó contra la nula voluntad de pago. El funcionario recordó que la Justicia intimó a los condenados a devolver el dinero, pero estos “no han depositado ni un solo peso”.
La magnitud de los bienes relevados refleja “fortunas desproporcionadas” frente a los ingresos declarados, argumentó el dictamen acusatorio. Este lote masivo completa la primera etapa de ejecuciones, la cual absorbió más de 100 propiedades de los sentenciados.
Los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, titulares del TOF 2, resolverán el pedido fiscal. Los magistrados evaluarán la integración formal de la calle San José 1111 al proceso liquidador.
En paralelo, los abogados de la defensa técnica interpusieron recursos legales para frenar las transferencias. Estos expedientes transitan las cámaras de apelaciones con destino a la Corte Suprema de Justicia.
El máximo tribunal definirá el destino material de los bienes incautados. Los cortesanos administrarán las propiedades, ordenarán su asignación institucional o habilitarán la subasta pública. (Agencia OPI Santa Cruz)