Atrincherado frente al recorte de transferencias federales, el gobernador Sergio Ziliotto intenta blindar su gestión con un nuevo paquete de asistencia orientado al sector privado. La medida central implica una renuncia fiscal por parte del Estado provincial para subsidiar indirectamente a quienes tomen deuda, una estrategia que busca mostrar un oasis de gestión en medio de la caída de los ATNs que afecta a los distritos sin regalías hidrocarburíferas o mineras.
La ingeniería financiera del anuncio recae sobre el Banco de La Pampa. Todos los créditos destinados a la inversión productiva emitidos por esta entidad quedarán exentos del pago de Ingresos Brutos y de la ley de Sellos. Esta eliminación impositiva licuará en un 10% el costo financiero total para las empresas solicitantes.
El plan avanza sobre otras áreas de gasto estatal orientado a empresas. El gobierno financiará la formación de recursos humanos, otorgará crédito fiscal para cancelar tributos y destinará capital semilla a proyectos productivos de incubadoras tecnológicas. Además, se proyecta la creación de un Parque de Actividades Económicas en General Pico y la ampliación del Parque Agroalimentario ubicado en Santa Rosa.
El relato estadístico frente a la crisis nacional
Para justificar el volumen de intervención estatal, el mandatario apeló a los números macroeconómicos frente a la asamblea legislativa. Según datos de la Cepal esgrimidos por el Ejecutivo, la provincia incrementó su Valor Agregado Bruto un 61% entre 2004 y 2024. Esto representa un crecimiento promedio anual del 2.5%, cifra que se ubica por encima del 42% registrado a nivel nacional en el mismo período. El discurso oficial también se apoyó en mediciones del Indec para posicionar a la jurisdicción entre las de mayor actividad y empleo.
Ziliotto aprovechó la exposición para polarizar con la administración central. Rechazó el ajuste de prestaciones y defendió la intervención pública como único factor igualador frente al mercado. En paralelo, anunció el envío de un proyecto de ley para conformar Consorcios Camineros, un esquema que delegará en una articulación público-privada la mejora y mantenimiento de la red vial rural.
La presunta solidez fiscal que permite este paquete de exenciones tributarias y créditos subsidiados tiene un origen reciente y pragmático. Cuando la motosierra nacional comenzó a recortar las partidas automáticas, el gobierno pampeano no redujo el gasto público, sino que impulsó y ganó una dura batalla legislativa para aumentar fuertemente los gravámenes sobre los juegos de azar y las actividades financieras locales. El alivio fiscal que hoy se le otorga al sector productivo se financia, en la práctica, con el impuestazo aplicado meses atrás a otros rubros de la economía provincial. (Agencia OPI Santa Cruz)