El ministro de Economía, Luis Caputo, ensayó una explicación técnica para justificar el 2,9% de inflación registrado en febrero, atribuyendo el número al impacto directo de la carne y el ajuste de tarifas. Pese a que el dato marca una resistencia a la baja en el índice de precios, el funcionario sostuvo que el escenario estaba “dentro de lo esperado” y reafirmó que la política monetaria del Banco Central no se desviará del objetivo de alcanzar niveles internacionales.
Sin embargo, las proyecciones de “inflación cero” que el Gobierno agitaba para el corto plazo han comenzado a deslizarse en el calendario. El propio Caputo reconoció que es difícil predecir los índices exactos, desplazando la expectativa de ese hito hacia septiembre u octubre. En paralelo, admitió que, aunque la macroeconomía muestra señales de estabilización, existe un sector importante de la población que todavía “la pasa mal”, un eufemismo para describir la erosión del poder adquisitivo.
Inversiones bajo el paraguas del RIGI y la crisis del consumo
En un intento por contrastar la frialdad de los números inflacionarios con el optimismo corporativo, el Ejecutivo difundió una serie de anuncios de inversión millonarios. Bajo el amparo del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y el Decreto 168/2026, Pampa Energía solicitó adherirse con un desembolso de 4.500 millones de dólares para petróleo no convencional. A esto se sumarían los 3.000 millones de dólares de TGS en Vaca Muerta y los 3.400 millones de dólares prometidos por Mercado Libre.
No obstante, esta “atracción mundial” que menciona el ministro choca con la realidad financiera del bolsillo doméstico. El crecimiento de la morosidad en tarjetas de crédito y billeteras virtuales es un síntoma que el propio Caputo no pudo ignorar. La receta oficial ante el sobreendeudamiento privado sigue siendo la misma: esperar a que la inflación baje lo suficiente para que los bancos otorguen plazos de gracia a los clientes que ya no pueden cancelar sus saldos.
El discurso de la “Argentina Week” y la llegada de capitales para infraestructura energética —que generaría unos 15.000 empleos indirectos según la narrativa oficial— funciona como un contrapeso dialéctico ante una inflación que se niega a perforar el piso del 2%. Para el lector de la Patagonia, el mensaje es claro: el ajuste tarifario “pegó”, y la recuperación prometida sigue dependiendo de inversiones que, por ahora, son más anuncios que ladrillos. (Agencia OPI Santa Cruz)