El gobierno de Javier Milei firmó la Resolución 68/2026 para achicar la plantilla de la Administración Nacional de la Seguridad Social mediante desvinculaciones que le costarán al Estado sumas de hasta $80 millones en un solo pago por agente. Bajo la bandera de la eficiencia del gasto público, el esquema oficializa una erogación inmediata masiva para concretar la reducción del personal estatal.
La normativa instaura el Plan de Retiros de Voluntad Recíproca, amparado legalmente en el Artículo 241 de la Ley de Contrato de Trabajo. Esto implica un acuerdo mutuo que se formaliza por escritura pública y luego debe homologarse ante el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria.
El beneficio no es un derecho automático. La adhesión requiere un mínimo de dos años de antigüedad y queda sujeta a la evaluación y aprobación discrecional del organismo previsional.
La letra chica de los pagos millonarios
El esquema de compensación es el núcleo financiero de la medida. Quienes adhieran percibirán una gratificación extraordinaria equivalente al 90% por cada año de antigüedad calculada sobre los conceptos brutos mensuales. El tope máximo fijado es de 24 haberes.
El mecanismo de desembolso estipulado por el Gobierno revela la magnitud del gasto público comprometido:
- Pagos únicos para liquidaciones de hasta $80 millones.
- Liquidaciones superiores a esa cifra se dividirán obligatoriamente en dos cuotas mensuales y consecutivas.
Filtros y exclusiones del sistema
La purga administrativa tiene límites específicos y no estará disponible para todos los empleados. Quedan excluidos del esquema:
- Procesados o condenados por delitos contra la administración pública.
- Agentes involucrados en procedimientos disciplinarios en curso.
- Empleados que ya iniciaron su trámite jubilatorio o superan los 62 años.
- Quienes mantengan litigios laborales contra el Estado salvo que desistan expresamente.
Por su parte, el personal con representación gremial deberá renunciar previamente a sus cargos y a la tutela sindical ante la Dirección de Relaciones Sindicales.
El plazo para adherir finaliza el 5 de abril de 2026. Mientras el discurso oficial celebra la reducción de la estructura burocrática estatal, el impacto fiscal a corto plazo de estos egresos millonarios recaerá directamente sobre la caja del tesoro nacional. (Agencia OPI Santa Cruz)