(Río Grande – OPI TdF) – El legislador de Río Grande, Raúl Von der Thusen, presentó un proyecto de ley en la Legislatura de Tierra del Fuego para declarar de utilidad pública y expropiar la empresa Aires del Sur S.A.. El parlamentario busca sostener los 140 puestos de trabajo perdidos tras la quiebra de la firma.
La iniciativa legislativa pretende que el Estado provincial tome posesión de todo activo material o inmaterial de la planta fabril. La empresa fabricaba equipos de climatización bajo las marcas Electra y Fedders hasta que la crisis financiera paralizó su operatividad.
La propuesta surge en un contexto de extrema fragilidad para las arcas públicas. El legislador omitió detallar cómo la provincia financiará el proceso, ignorando las limitaciones técnicas de la gestión actual.
El Artículo 67 de la Constitución Provincial exige que toda ley que autorice erogaciones prevea el recurso correspondiente. Sin embargo, la presentación del proyecto coincidió con la exposición del Ministro de Economía, Alejandro Barrozo, ante la Legislatura.
Barrozo reveló un panorama sombrío para las finanzas locales con un déficit acumulado de $226.200 millones. El dato expone la inviabilidad de sumar nuevas cargas económicas al Tesoro provincial sin una fuente de financiamiento clara y real.
Los trabajadores, nucleados en la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), mantienen la ocupación de la planta en Río Grande. Buscan resguardar la maquinaria y los activos ante el riesgo de un vaciamiento por parte de los directivos.
Y es que el conflicto de Aires del Sur S.A. no es un hecho aislado en el parque industrial. Las políticas nacionales de apertura comercial eliminaron aranceles de importación para equipos de climatización, reduciéndolos al 0 por ciento en diversos rubros.
Estas medidas facilitaron el ingreso masivo de productos terminados desde Brasil y China. Según se desprende de la información oficial, la demanda de equipos importados registró en Septiembre de 2025 una suba cercana al 30 por ciento.
Este incremento en las importaciones golpeó directamente la competitividad de las fábricas radicadas en Tierra del Fuego. Los altos costos logísticos y estructurales de la isla impiden que la producción local compita con los precios del mercado externo.
El proyecto de expropiación utiliza como base jurídica la Ley Provincial 421. Esta norma habilita la intervención estatal cuando se trata de preservar el interés público, el empleo y la continuidad de una unidad productiva con historia local.
El proyecto propone que el Ejecutivo provincial tome posesión inmediata de la planta de Río Grande. El objetivo declarado es evitar el deterioro de la infraestructura y priorizar la conformación de cooperativas gestionadas por los propios trabajadores. (Agencia OPI Tierra del Fuego)