El Senado aprobó el proyecto de ley que modifica la protección de glaciares por 40 a 31 votos. El Gobierno nacional impulsó esta reforma tras el pedido directo de los gobernadores aliados. Los mandatarios buscan habilitar tareas de exploración y explotación económica en áreas periglaciales que hoy permanecen inhabilitadas.
Raúl Jalil (Catamarca), Marcelo Orrego (San Juan), Gustavo Sáenz (Salta) y Alfredo Cornejo (Mendoza) lideraron la presión política. Los gobernadores pretenden atraer inversiones mineras millonarias mediante el régimen del RIGI. Este esquema normativo forma parte de la Ley Bases sancionada durante el 2024.
La iniciativa transfiere facultades directas a las administraciones provinciales para decidir sobre el resguardo territorial. El poder político local determinará qué zonas proteger y cuáles liberar al mercado. La administración central perderá injerencia en el control de estos recursos estratégicos de la cordillera.
Lo cierto es que la Ley 26.639, vigente desde el 30 de septiembre de 2010, sufre su primera gran alteración estructural. El texto original establecía presupuestos mínimos de protección que los gobernadores consideran un freno al desarrollo. El dato clave reside en la eliminación de la prohibición automática para actividades extractivas. (Agencia OPI Santa Cruz)
