El juez federal Ariel Lijo dispuso recolectar documentación sobre el productor Marcelo Grandío. La investigación rastrea posibles acuerdos ilegales tras un viaje compartido a Punta del Este.
Personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) ingresó este viernes al edificio de la TV Pública con un requerimiento de los tribunales. Los agentes buscaron expedientes para avanzar en la causa penal que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
El magistrado a cargo del caso ordenó el procedimiento para secuestrar información oficial de la productora del periodista, amigo directo del funcionario. El expediente evalúa la posible comisión de los delitos de dádivas o negociaciones incompatibles con la función pública.
Un vuelo privado a Punta del Este originó el foco de sospecha. Adorni compartió ese traslado exclusivo con Grandío, dato que impulsó las primeras medidas de prueba en los despachos judiciales.
Los investigadores intentan corroborar si el pago del traslado aéreo operó como una contraprestación por los acuerdos comerciales que el productor mantiene con la emisora estatal.
Las fuentes de los tribunales confirmaron el alcance del operativo de seguridad. La Justicia exigió a las autoridades del canal los siguientes documentos:
- Montos exactos de las contrataciones.
- Mecanismos de control laboral aplicados al contratista.
- Registros formales de ingresos y egresos al edificio.
- Justificación de inasistencias de Grandío.
El juzgado cruza estas planillas para verificar si el vínculo con el canal oficial cumplía las normativas vigentes o si configuraba una estructura de beneficios irregulares. (Agencia OPI Santa Cruz)
