(OPI Chubut) – La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York anuló los puntos centrales de la sentencia de primera instancia en el litigio por la expropiación de YPF. El gobernador del Chubut, Ignacio Torres, atribuyó este avance a la estrategia judicial que la provincia desplegó a mediados de 2025 para proteger sus activos energéticos frente a posibles embargos.
Los magistrados Denny Chin, José Cabranes y Beth Robinson firmaron la resolución que desestima los reclamos principales contra la República Argentina y la petrolera. Esta decisión judicial revierte el fallo previo dictado por la jueza Loretta Preska, quien exponía al Estado nacional a una condena multimillonaria.
Los registros de Fontana 50 detallan la serie de maniobras legales e institucionales que permitieron a la provincia intervenir directamente en los tribunales internacionales:
- En julio de 2025, la Legislatura aprobó la Ley XVII N° 163.
- La norma regularizó jurídicamente el acuerdo firmado durante el proceso de expropiación de 2012.
- Chubut presentó un amicus curiae ante los tribunales de Nueva York.
- El equipo legal articuló una acción específica junto a la Procuración del Tesoro de la Nación para blindar las acciones provinciales de medidas de ejecución.
El mandatario provincial justificó la participación activa en el expediente extranjero al detectar un riesgo sobre el capital hidrocarburífero. “Advertimos que el paquete accionario no podía ser alcanzado por medidas cautelares en el porcentaje que pertenece a los chubutenses”, apuntó Torres de acuerdo a la información oficial.
La estrategia jurídica apuntó a demostrar que las provincias productoras de hidrocarburos mantienen la titularidad de un porcentaje de la empresa. “Está decisión es el resultado de un trabajo serio y coordinado con Nación, donde las provincias petroleras hicimos valer nuestra condición de accionistas y asumimos la responsabilidad de defender los intereses de todo el país”, sostuvo el gobernador.
El titular del Ejecutivo chubutense catalogó la inacción previa sobre los acuerdos originados en 2012 como un conflicto latente. “Se trataba de una situación que llevaba más de una década sin resolverse y que ponía en riesgo el patrimonio de la provincia”, reclamó Torres.
El dictamen final de los jueces estadounidenses convalida la desestimación de los cargos al considerar que no resultan admisibles bajo el derecho nacional. Chubut formalizó este tipo de presentación judicial en el exterior como la primera provincia accionista en defender judicialmente su porción de la empresa tras la estatización de 2012. (Agencia OPI Tierra del Fuego)