El titular de la Cancillería ratificó la salida del enviado islámico tras declararlo persona no grata. La medida consolida el alineamiento internacional del oficialismo y prohíbe las operaciones financieras de la organización militar extranjera.
El canciller Pablo Quirno confirmó este sábado la salida del encargado de Negocios de Irán, Mohsen Soltani Tehrani, del territorio nacional. El Poder Ejecutivo decretó la expulsión del diplomático a raíz de las críticas de la administración persa contra la Casa Rosada.
El desplazamiento del funcionario desarticuló la delegación operativa que mantenía presencia en la Argentina desde el año 2021. La tensión diplomática escaló el pasado jueves, momento en que la embajada iraní en Uruguay difundió un documento con duros cuestionamientos al Gobierno por incorporar a la Guardia Revolucionaria de Irán al registro de organizaciones terroristas.
Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto fundamentaron la rápida remoción del emisario. De acuerdo a los datos analizados, el texto divulgado contenía expresiones con acusaciones falsas, ofensivas e improcedentes contra las más altas autoridades de la nación.
Las manifestaciones del régimen islámico representan una “inaceptable injerencia en los asuntos internos de nuestro país”, detalla la comunicación oficial de la Cancillería. El documento estatal también acusa a la nación extranjera de ejecutar una tergiversación deliberada de las decisiones que el país adoptó bajo las normativas del derecho internacional.
Este escenario de confrontación expone la alineación geopolítica del presidente Javier Milei con Estados Unidos e Israel. Estas dos potencias mantienen un conflicto bélico activo contra Irán desde fines de febrero.
La cúpula gubernamental considera la salida de Mohsen Soltani Tehrani como el “paso previo” de una eventual ruptura total de las relaciones diplomáticas. La inclusión del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) en el listado de entidades terroristas habilita represalias punitivas directas:
- Condena política oficial de la gestión nacional.
- Congelamiento inmediato de los activos financieros de la agrupación.
- Prohibición absoluta para operar dentro del sistema financiero local.
Las autoridades de Teherán repudiaron la determinación de la República Argentina. El régimen islámico calificó la medida gubernamental como un “error estratégico y un insulto injustificable al pueblo iraní”, y alertó que el accionar de la sede ejecutiva perjudica seriamente las relaciones bilaterales.
La administración persa focalizó sus ataques contra el Jefe de Estado argentino. Las críticas extranjeras sostienen que tanto Javier Milei como el canciller Pablo Quirno operan como cómplices de los crímenes que cometen sus aliados internacionales.
El Estado argentino responsabiliza a la gestión iraní por los atentados perpetrados contra la Embajada de Israel y la AMIA. Los registros de Interpol sostienen los pedidos de captura internacional contra figuras clave de la Guardia Revolucionaria, como Ahmad Vahidi, por su participación operativa en el ataque a la mutual judía ejecutado en 1994. (Agencia OPI Santa Cruz)