La diputada de la Coalición Cívica apuntó contra el ministro Luis Caputo y las autoridades bancarias. El escrito exige revisar las carpetas, los montos y las garantías que el Estado aprobó para legisladores afines al Gobierno.
La diputada nacional Mónica Frade presentó una denuncia penal en la Justicia para investigar el desembolso de créditos hipotecarios del Banco Nación destinados a funcionarios y legisladores oficialistas. La representante de la Coalición Cívica busca determinar la existencia de un posible “tráfico de influencias” entre la cúpula de la entidad y los dirigentes políticos que recibieron el dinero.
Durante una entrevista radial en Splendid AM 990, la legisladora calificó la operatoria como un acto “depravado desde lo ético”. Las críticas surgen un día después de la aparición televisiva del ministro de Economía, Luis Caputo. El funcionario validó la toma de deuda por parte de sus subordinados y definió a los préstamos como “la mayor justicia social”.
Frade atacó directamente las declaraciones del titular del Palacio de Hacienda y expuso la contradicción interna del discurso gubernamental. “El Presidente dice que la justicia social es un robo y él habla de justicia social, la verdad es que son raros”, señaló la dirigente. Toda esta maniobra crediticia demuestra “que la narrativa del Gobierno contra los privilegios y la casta es falsa”, remarcó la parlamentaria.
El escrito judicial exige medidas de prueba específicas sobre el directorio de la entidad financiera. La denunciante solicita que los magistrados revisen el siguiente material probatorio:
- Todas las carpetas crediticias adjudicadas a funcionarios públicos.
- Los tiempos de otorgamiento y los requisitos que el banco exigió a cada tomador.
- Las actas de directorio que avalaron las millonarias transferencias.
Como evidencia material del caso, la legisladora aportó el expediente de Sarif Menen, sobrino del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. El joven de 24 años, poseedor de un cargo político dentro del Congreso de la Nación, accedió a un financiamiento de 357 millones de pesos. Al momento de concretar la operación con el banco, el asesor percibía un sueldo mensual de dos millones. (Agencia OPI Santa Cruz)