El Gobierno de Javier Milei redujo la ejecución de las transferencias nacionales a las jurisdicciones provinciales en un 65,65% en términos reales desde el inicio de su administración.
Este recorte licuó los fondos automáticos y discrecionales operativos. La poda consolidó una caída del 19% del poder de fuego de las arcas subnacionales, lo que representa una pérdida de recursos por $1,5 billones mensuales.
La motosierra derivó en un quebranto contable federal. El Decreto 219/2026, publicado el lunes en el Boletín Oficial, oficializó que el 50% de las provincias argentinas carecen de liquidez para atender compromisos urgentes y amortizar deudas operativas.
No obstante la asfixia, el Poder Ejecutivo giró a doce provincias una asistencia enmascarada bajo la figura de “anticipo financiero” por $400.000 millones.
El Palacio de Hacienda estructuró estos créditos de contingencia con una tasa de interés del 15% anual. El esquema oficial exige que los gobernadores cancelen el pasivo antes del 31 de diciembre de 2026.
Santa Cruz integra la nómina de tesoros endeudados con la Nación. El listado completo abarca a Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Tierra del Fuego y Tucumán.
El Ministerio de Economía determinará el límite exacto del endeudamiento sobre un tope de $400.000 millones. El Gobierno central auditará la capacidad de repago según la participación distrital en la recaudación de tributos nacionales.
Durante el primer trimestre de 2026, los Recursos de Coparticipación registraron una retracción del 8%, mientras que la recaudación por impuestos provinciales bajó un 4%.
El titular del IARAF, Nadin Argañaraz, elaboró el diagnóstico de los últimos 12 meses. El informe técnico arrojó que la variación porcentual real interanual de las transferencias nacionales totales marcó un retroceso del 3,2%.
Las administraciones provinciales destinan el 70% de sus presupuestos a salud, educación, seguridad y la Seguridad Social. La licuación impactó de lleno sobre los salarios de esos trabajadores.
Hernán Letcher, director del centro CEPA, relevó el mapa de la conflictividad. El 80,4% de las jurisdicciones sostienen paros activos en dependencias estatales. Un 19,6% acordó reaperturas salariales a 30 o 60 días para empatar el IPC.
El desglose de los conflictos estatales por jurisdicción grafica la crisis operativa según los datos del relevamiento:
- Buenos Aires: educación, empleo público, judicial y salud.
- CABA: educación y empleo público.
- Catamarca: educación, empleo público, judiciales, policía y salud.
- Chaco: educación, empleo público y policía.
- Chubut: educación y salud.
- Córdoba: educación, judiciales, jubilaciones, salud y empleo público.
- Corrientes: educación, empleo público, judiciales y salud.
- Entre Ríos: educación, empleo público, judiciales, policía, salud y jubilaciones.
- Formosa: educación y empleo público.
- Jujuy: educación, empleo público, policía y salud.
- La Pampa: educación y empleo público.
- La Rioja: educación y empleo público.
- Mendoza: educación, empleo público y salud.
- Misiones: educación, empleo público y salud.
- Neuquén: educación y judiciales.
- Río Negro: educación, empleo público, judiciales, policía y salud.
- Salta: educación, empleo público, policía y salud.
- San Juan: educación, empleo público, salud y policía.
- San Luis: educación, empleo público, salud y judiciales.
- Santa Fe: educación, empleo público, policía y salud.
- Santiago del Estero: educación y empleo público.
- Santa Cruz: educación, empleo público, judiciales, policía y salud.
- Tierra del Fuego: educación, empleo público, judiciales y salud.
- Tucumán: educación, empleo público y ciencia y tecnología. (Agencia OPI Santa Cruz)