La resolución judicial requiere la intervención inmediata de las fuerzas internacionales para detener a la mano derecha del líder supremo de Irán. En simultáneo, el magistrado intima a la conducción de ministros a liberar los archivos secretos de la agencia de inteligencia nacional.
El expediente judicial por el atentado a la AMIA incorpora una instrucción formal que expone el accionar del aparato estatal extranjero en 1994. El documento exige activar una alerta roja para someter a indagatoria a Alí Asghar Hejazi, señalado como el responsable máximo del espionaje previo a la voladura de la mutual.
Según se desprende de la información oficial, el Juez Federal Daniel Rafecas advirtió sobre el rol operativo del Comité Vijeh. Este organismo estructuró la logística del ataque terrorista hace más de 30 años bajo la supervisión de Hejazi, quien operaba como estratega del entonces líder supremo Alí Khamenei, asesinado en febrero durante un operativo militar coordinado por Estados Unidos e Israel.
El requerimiento contra el último acusado contrasta con el escudo legal que protege al resto de los sospechosos. Rafecas frenó el pedido del Fiscal Sebastián Basso y se negó a procesar a los diez ciudadanos iraníes y libaneses imputados anteriormente en la causa.
La parálisis de los procesamientos expone la inacción de la Cámara Federal de Casación Penal. El juzgado de primera instancia condiciona su avance a que el tribunal superior defina la constitucionalidad de la Ley de Juicio en Ausencia. El dictamen oficial omite detallar los plazos estipulados para que los camaristas destraben el proceso.
La nómina de acusados que retienen la impunidad incluye a Ahmad Vahidi, actual Comandante en Jefe del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. La lista se completa con los nombres de Alí Fallahijan, Alí Akbar Velayati, Mohsen Rezai, Hadi Soleimanpur, Mohsen Rabbani, Ahmad Reza Asghari y Salman Raouf Salman.
Para sortear el hermetismo institucional, la Justicia intimó al Poder Ejecutivo a desclasificar la información confidencial. El juzgado requirió formalmente a la Secretaría de Inteligencia de Estado y a la Jefatura de Gabinete que dispongan las medidas inmediatas para hacer públicos los registros de inteligencia del caso. (Agencia OPI Santa Cruz)