La publicación de la Resolución 2026-1107-INSSJP-DE detonó un paro nacional de 72 horas por parte de los médicos de cabecera del PAMI, quienes paralizaron desde el lunes la emisión de recetas electrónicas y las consultas programadas. La medida, que finalizó hoy miércoles, expone la crisis de la obra social bajo la administración del presidente Javier Milei, marcada por el corte de servicios en el interior del país y reclamos formales en el Congreso.
El Gobierno nacional oficializó el 9 de abril un incremento en la cápita a $2.100 por afiliado bajo el argumento de un ordenamiento del sistema. En la práctica, la normativa eliminó ingresos extra de los profesionales, modificó las condiciones laborales y redujo significativamente la remuneración real.
Los trabajadores de la salud objetaron la maniobra administrativa de las autoridades nacionales e insistieron: “No es un aumento, es un recorte encubierto al trabajo médico”.
El conflicto salarial de esta semana agrava un deterioro sostenido en la red prestacional a nivel federal. El colapso acumula los siguientes hitos:
- Desde fines del año pasado, el sistema frenó los pagos a sanatorios y hospitales privados.
- Las clínicas impusieron cupos estrictos para la realización de estudios diagnósticos.
- Los afiliados sufren demoras a partir de los cuatro meses para conseguir turnos médicos de rutina.
La parálisis impacta con fuerza en las provincias. En Córdoba, las protestas se concentraron en la sede de calle Gral. Paz al 300. La crisis motivó a la senadora nacional Alejandra Vigo (Provincias Unidas) a presentar un pedido de informes al Poder Ejecutivo para exigir la normalización inmediata del sistema de salud y exponer la falta de pago a los prestadores.
El escenario de vaciamiento se replica en Misiones. El Colegio de Ópticas y la Cámara de Ópticas provincial suspendieron la atención de los jubilados y exigieron la cancelación total de los saldos pendientes de manera urgente. A esta interrupción de los servicios de oftalmología se suma la falta de pago a farmacias y la demora en la restitución de medicamentos gratuitos.
Acorralado por el corte de servicios y la exigencia de diputados y senadores para que las autoridades den explicaciones en el Congreso sobre los cambios, el Gobierno nacional transfirió en las últimas horas $150.000 millones. Los fondos buscan destrabar la deuda acumulada con las prestadoras y apaciguar el conflicto latente.
En la sede central de CABA, ubicada en Av. Corrientes 655, el Plenario de Trabajadores Jubilados instaló una olla popular a las 11 de la mañana. Los manifestantes protestaron junto a profesionales y no profesionales por el recorte de prestaciones.
Durante una conferencia de prensa en las puertas de la entidad, los jubilados solicitaron al Poder Ejecutivo la renuncia del ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, y repudiaron su intervención. En el mismo acto, exigieron la implementación de una dirección electa y una auditoría controlada íntegramente por los trabajadores y afiliados del organismo. (Agencia OPI Santa Cruz)
