La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal resolvió hoy que la causa impulsada por la CGT contra el Estado Nacional tramitará en su jurisdicción. Los magistrados rechazaron el traslado del expediente a la Justicia Nacional del Trabajo, marcando una derrota judicial explícita para la conducción de la central obrera que buscaba cambiar la radicación del debate por la reforma laboral.
Los jueces Rogelio Vincenti y Marcelo Daniel Duffy, titulares de la Sala IV, rubricaron el fallo que define la competencia. La decisión del tribunal validó el planteo judicial que introdujo la Casa Rosada semanas atrás para mantener la discusión constitucional lejos de los juzgados del trabajo.
El conflicto jurisdiccional comenzó cuando el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N°12 asumió la potestad del caso. Ante este movimiento, el Juzgado Nacional del Trabajo N°63 objetó la medida e instruyó remitir las actuaciones a la Cámara del Trabajo, de acuerdo a los datos analizados en el expediente judicial.
Los magistrados de la Cámara intervinieron para dirimir la contienda amparándose en el articulado de la ley 26.854 y en la jurisprudencia previa de la Corte Suprema. El texto del fallo argumenta que el expediente aborda materias federales, como la validez de una ley sancionada por el Congreso y la organización de la competencia judicial, aspectos que exceden el derecho estrictamente laboral.
El tribunal superior apuntó directamente contra el juzgado laboral en los fundamentos de su resolución. Los camaristas afirmaron que el magistrado de primera instancia alteró el procedimiento correspondiente a este tipo de planteos y generó una demora innecesaria que afecta la celeridad que demanda el proceso.
La dirigencia gremial recibió el dictamen con pesimismo, ya que identifican al fuero contencioso como una jurisdicción afín a la gestión de Javier Milei. Los sindicatos proyectan que esta Cámara validará la vigencia de la normativa que cuestionaron mediante una medida cautelar por inconstitucionalidad. Tanto la representación gremial como los abogados del Gobierno saben que la Corte Suprema dictará la sentencia definitiva. (Agencia OPI Santa Cruz)