El equipo económico de Javier Milei habilitó la licitación para concesionar 2.500 kilómetros de rutas nacionales a capitales privados. La medida motoriza el vaciamiento y la privatización de la empresa estatal Corredores Viales.
Manuel Adorni, jefe de gabinete, decretó el final de la “patria contratista” al anunciar este nuevo esquema de negocios. Las actas de licitación contradicen el discurso oficial y exponen el retorno de las principales constructoras investigadas en la Causa de los Cuadernos.
El proceso correspondiente a la Etapa II-B de la Red Federal de Concesiones cerró su recepción con 41 ofertas efectivas. 17 competidores pujan por operar y cobrar el tránsito sobre las rutas 7, 8, 9, 33, 35, 36 y 188.
El impacto de las nuevas tarifas afectará directamente a la red logística y productiva que atraviesa Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, San Luis y La Pampa. De acuerdo a la documentación financiera, la nómina de interesados agrupa a:
- Autovía Construcciones y Servicios (ACS): firma vinculada a la familia Cartellone, conglomerado que figura en los expedientes de la trama de presuntos sobornos.
- José J. Chediack: constructora de José Chediack, ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción, quien enfrenta expedientes por supuestos pagos ilegales en la obra pública.
- Roggio: actor hegemónico de la infraestructura que acumula acusaciones judiciales tras las revelaciones del ex chofer Oscar Centeno.
- Panedile y Rovella Carranza: propiedades del empresario Hugo Dragonetti y contratistas de amplia trayectoria contractual con el Estado.
- CPC: compañía perteneciente al Grupo Indalo de Cristóbal López, holding que registró una fuerte expansión energética y vial durante las administraciones kirchneristas.
Las empresas formalizaron su postulación mediante la entrega de dos sobres cerrados. El primer archivo de carácter técnico detalla los antecedentes corporativos y la capacidad operativa real de cada oferente.
El segundo sobre agrupa la propuesta económica de las compañías para cada corredor en particular. Las concesionarias definirán allí la tarifa de peaje exacta que exigirán a los transportistas y conductores particulares para garantizar el margen de rentabilidad.
Luis Caputo, ministro de Economía, celebró la recepción de las propuestas y justificó el traspaso operativo de los caminos. El titular del Palacio de Hacienda afirmó que la gestión libertaria busca “reemplazar gasto público por inversión privada“.
El modelo de adjudicaciones a los holdings de la construcción acelerará su marcha en el corto plazo. El oficialismo planifica licitar otros 9.000 kilómetros de caminos nacionales durante el año 2026. (Agencia OPI Santa Cruz)