Estudiantes, docentes y autoridades universitarias direccionaron el reclamo por la Ley de Financiamiento hacia la Corte Suprema de Justicia. Los organizadores de la cuarta Marcha Federal Universitaria exigieron al máximo tribunal una intervención directa para obligar al Gobierno Nacional a cumplir la normativa vigente y girar los recursos correspondientes.
Franco Bartolacci, titular del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), y Anselmo Torres, vicepresidente del organismo, encabezaron la columna principal. Las autoridades académicas marcharon junto a las distintas cúpulas sindicales que concentraron en el centro porteño.
El volumen organizativo provino del Frente Gremial Docente y No Docente. Este bloque agrupó a las estructuras nacionales de CONADU, CONADU Histórica, FEDUN, FAGDUT, UDA, CTERA y la Federación de no docentes (FATUN).
Desde el escenario, miembros de la Federación Universitaria Argentina (FUA) leyeron el documento central de la jornada. Los dirigentes estudiantiles afirmaron que el poder adquisitivo de los Gastos de Funcionamiento de las instituciones nunca superó el 64% del valor que registraba en enero de 2023 durante la actual administración del presidente Javier Milei.
“El Poder Ejecutivo, en un acto de desprecio institucional sin precedentes, ha decidido alzarse contra los otros dos poderes de la República”, denunciaron los oradores. El texto repudió la omisión de la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795, que el Congreso sancionó y ratificó por amplias mayorías, y condenó la desobediencia a los fallos judiciales.
A partir de diciembre de 2023, el sistema universitario perdió el equivalente a casi 9 meses de transferencias formales. Los expositores catalogaron la crisis como un problema que excede lo económico y alertaron sobre una “ruptura del acuerdo democrático” vinculada a la división de poderes en la Nación.
El pronunciamiento caracterizó a las casas de altos estudios y al sistema público de investigación como recursos estratégicos de la economía. Los universitarios sostuvieron que la soberanía científica permite a la industria local “competir en el mundo” y generar puestos de trabajo con derechos y sustentabilidad ambiental.
Debajo de la tarima principal, Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, observó el desarrollo del acto. Legisladores nacionales y porteños del peronismo, el Frente de Izquierda (FIT) y el Nuevo MAS acompañaron el reclamo en las calles junto a las columnas estudiantiles.
La Comunidad Científica Argentina sumó delegados a la movilización para denunciar una “situación límite”. Los investigadores expusieron el desfinanciamiento estatal y la fuerte caída salarial que atraviesa el sector.
La articulación nacional incluyó el respaldo operativo de la CGT y las dos CTA, que desplegaron sus propias columnas de manifestantes. Las centrales obreras exigieron recomposición salarial para el personal y la ejecución estricta del presupuesto destinado al funcionamiento de los hospitales universitarios. (Agencia OPI Santa Cruz)