La presidente del Colegio Público de la Abogacía de Santa Cruz, Diana Huerga Cuervo pidió una mesa institucional para encauzar la situación crítica de la Justicia en Santa Cruz tras conocerse el fallo de la Corte Suprema de Justicia que convalida la designación de 4 nuevos integrantes del Tribunal Superior de Justicia santacruceño.
La entidad que nuclea a los abogados de la provincial celebró el fallo del máximo tribunal del país y la presidenta de la entidad advirtió sobre “la profunda crisis que atraviesa actualmente el servicio de justicia en nuestra provincia”.
Desde el Colegio Público de la Abogacía señalaron que la decisión de la Corte pone “fin a un escenario de incertidumbre e inseguridad jurídica que afectaba gravemente a los justiciables, a la abogacía y al conjunto de los operadores del sistema judicial”.
Además, recordaron que junto a la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) habían pedido al máximo tribunal “una pronta resolución de la causa, ante la necesidad institucional de restablecer previsibilidad, seguridad jurídica y normal funcionamiento del sistema de administración de justicia provincial”.
Añaden que “la situación de demora e inconvenientes estructurales que padecía el sistema de justicia se vio agravada por las medidas de fuerza llevadas adelante por los trabajadores judiciales, lo que ha llevado a una virtual paralización de los procesos, ocasionando severos perjuicios a nuestros matriculados y a los justiciables santacruceños, quienes ven demoradas o frustradas sus posibilidades de acceso a una respuesta jurisdiccional oportuna y eficaz. Esta realidad impacta de manera directa sobre derechos fundamentales y compromete seriamente el acceso a justicia”.
Ante la situación crítica de la Justicia, la entidad “convoca a la totalidad de los vocales del Tribunal Superior de Justicia a conformar de manera urgente una mesa de diálogo institucional amplia y permanente, que permita abordar integralmente la situación del sistema judicial provincial”.
Este encuentro será necesario para “recuperar el normal funcionamiento del servicio de justicia, garantizar condiciones adecuadas para los abogados y para todos los operadores judiciales y asegurar a los justiciables santacruceños una tutela judicial efectiva, continua y eficiente, conforme los estándares constitucionales vigentes”. (Agencia OPI Santa Cruz)