(OPI TdF) – El Gobierno Nacional implementó una política de apertura de importaciones y reducción de aranceles que paraliza la matriz productiva de Tierra del Fuego. Durante el año 2026, las empresas amparadas por la Ley de Promoción Industrial 19.640 redujeron turnos y frenaron inversiones frente al ingreso de productos tecnológicos extranjeros. Esta decisión oficial desató un esquema de reestructuración fabril a 54 años de la creación del régimen sureño.
La sanción de la Ley 19.640 ocurrió el 16 de mayo de 1972. El Estado argentino impulsó esta normativa para consolidar el desarrollo económico, poblacional y geopolítico en el extremo sur del país. La provincia logró así estructurar un polo estratégico centrado de manera exclusiva en la fabricación de artículos electrónicos de consumo masivo.
Durante décadas, las plantas ensamblaron celulares, televisores, notebooks, aires acondicionados y electrodomésticos. Esta actividad fabril garantizó el sostenimiento de miles de puestos de trabajo directos e indirectos en la región.
El escenario productivo registró una contracción profunda entre 2025 y 2026. El Poder Ejecutivo habilitó el ingreso de bienes tecnológicos importados e implementó el arancel cero para segmentos informáticos y de comunicación. La eliminación gradual de impuestos, iniciada en 2025, provocó la reacción inmediata de los gremios mediante protestas, paros industriales y advertencias públicas, de acuerdo a los datos analizados.
El impacto económico castiga hoy con extrema dureza a las ciudades de Río Grande y Ushuaia. La caída de la actividad en las plantas arrastra al comercio local, los servicios, el transporte y el consumo interno. Distintas firmas del rubro iniciaron planes de ajuste y reducción de personal ante la imposibilidad de competir contra los menores costos de los dispositivos asiáticos.
Sectores sindicales y empresariales denuncian las consecuencias de estas medidas aduaneras. Las cámaras del sector afirman que el esquema de arancel cero acelera el cierre de las líneas de producción y genera un efecto dominó sobre todo el mercado laboral privado fueguino.
Las empresas y los trabajadores consideran a la industria electrónica como una herramienta operativa que garantiza la presencia argentina en el Atlántico Sur. Las entidades provinciales exigen al Estado sostener la ley, ya que la misma garantiza el arraigo poblacional y consolida la soberanía territorial. (Agencia OPI Tierra del Fuego)
