(Por: Rubén Lasagno) – El diputado Pedro Muñoz (CC-ARI) elaboró un proyecto de resolución por el cual solicitó al Poder Ejecutivo Provincial (PEP) un informe detallado y en un plazo de diez días sobre el Memorando de Entendimiento entre Santa Cruz, FOMICRUZ S.E. e YPF S.A., centrado en la cesión o reversión de áreas hidrocarburíferas.
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En el largo texto el legislador incluyó la identificación, estado y precisión sobre cuáles son las áreas involucradas, su estado jurídico y la intervención concreta de la Comisión de Fiscalización.
En cuando a la gestión de Pasivos Ambientales requirió a la Secretaría de Ambiente que explique su participación, la metodología técnica utilizada para identificar pasivos y la creación de un inventario georreferenciado de pozos, derrames, ductos e instalaciones abandonadas.
Cuestiona a la autoridad ambiental sobre si el plazo estipulado de 180 días es suficiente para auditar las áreas y pide detalles exhaustivos sobre la entidad auditora seleccionada, incluyendo sus antecedentes, costos, mecanismos para asegurar su imparcialidad y posibles vínculos previos con YPF o el Estado.
Asimismo solicita suspender cualquier acto de transferencia hasta que la Autoridad Ambiental apruebe el relevamiento integral. Además, exige que antes de concretar la cesión, YPF asuma explícitamente sus responsabilidades ambientales y se le exijan garantías financieras (como seguros o fondos de recomposición) para asegurar el saneamiento y remediación.
La argumentación de la iniciativa
Muñoz genera la fundamentación del proyecto haciendo hincapié en los siguientes puntos que extractamos de la propuesta presentada en la Cámara y que fue girada a Comisiones.
Entiende del legislador que la medida tiene trascendencia estratégica pues no se trata de una simple reorganización empresarial, sino de un proceso que compromete el control de recursos naturales estratégicos, el empleo y la protección del medio ambiente de la provincia.
Ante esto reclama la necesidad de control institucional, considerando indispensable que la Comisión de Fiscalización asuma un rol activo para ejercer el control político e institucional en defensa de los intereses públicos.
Destaca su preocupación por los plazos y la calidad de la auditoría pues pone en duda que 180 días sean suficientes dada la magnitud y complejidad histórica de los yacimientos. Un relevamiento apresurado y superficial (una “mera constatación formal”) dejaría pasivos ocultos, sostiene la presentación.
Asume que exijo el riesgo de perjuicio económico para el Estado si la auditoría no es rigurosa e independiente. Considera que la provincia de Santa Cruz, FOMICRUZ S.E. o la comunidad terminarán asumiendo los millonarios costos de remediación ambiental que legalmente le corresponden a YPF S.A.
Y finalmente alude al rol indelegable del Estado en cuanto a que la Autoridad Ambiental tiene la obligación de expedirse de manera fundamentada sobre todo el proceso. El Estado provincial, señala, como dueño de sus recursos, debe garantizar que el proceso sea transparente, con control efectivo y resguardo del interés público.
Lo dijimos y lo sostenemos
OPI analizó estructural y técnicamente el acuerdo firmado entre la provincia y la empresa YPF, destacando pormenorizadamente las desventajas para el Estado provincial de lo allí pactado por el gobernador Claudio Vidal, que pone bajo sospecha todo el accionar de ese acuerdo y especialmente la existencia de cláusulas “confidenciales”, cuya existencia per se, implica una aviesa intencionalidad de ocultar a la opinión pública aspectos de lo convenido en el mismo, tal como ocurrió con Vaca Muerta, de parte del Estado nacional y Chevrón, en los inicios de aquella explotación petrolera en Neuquén y que OPI también analizó y publicó el extenso documento que el gobierno de CFK primero y el de Mauricio Macri, después, ocultaron y habían tachado en un 40% y que nosotros revelamos en forma completa.
En el caso del acuerdo del gobierno de Claudio Vidal con YPF por el pasivo ambiental de zona norte y en base a la exhaustiva investigación que venimos realizando sobre los mismos, es importante destacar que el pedido de informes del legislador de la CC-ARI Pedro Muñoz, careció del apoyo inicial de oficialistas y opositores para que el mismo sea tratado sobre tablas, por lo cual pasó a Comisiones en la Legislatura provincial.
Ahora habrá que ver cuánta voluntad hay entre todos los diputados (de un lado y de otro) para transparentar esta situación que como lo revelamos, está teñida de sospechas, tanto de beneficios ocultos para la empresa petrolera, como de inacción por parte de la provincia de Santa Cruz y sus organismos involucrados. (Agencia OPI Santa Cruz)