Organizaciones sindicales y campesinas alineadas con el expresidente Evo Morales marcharon este jueves por el centro de La Paz, Bolivia, para cercar la sede gubernamental y exigir de forma abierta la renuncia del mandatario Rodrigo Paz Pereira.
La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) registró un total de 54 puntos de bloqueo fijos que interrumpen la circulación vial en el país sudamericano. El reporte de ingeniería terrestre constató que la inmovilización de transportes abarca las jurisdicciones provinciales de:
- La Paz, Oruro, Cochabamba y Potosí como los núcleos con mayor cantidad de cortes asfálticos.
- Santa Cruz, Pando y Chuquisaca con bloqueos intermitentes que impiden el paso de camiones de carga.
Solo los territorios geográficos de Beni y Tarija conservan las vías de comunicación terrestres totalmente expeditas.
Las columnas de manifestantes integradas por afiliados de la Central Obrera Boliviana (COB) avanzaron hacia la plaza Murillo y las puertas de la Casa Grande del Pueblo. El despliegue de seguridad ordenó el establecimiento de múltiples anillos defensivos provistos por efectivos de la Policía Boliviana y contingentes militares de las Fuerzas Armadas.
La escalada de tensión callejera responde de manera directa a las medidas judiciales dispuestas desde la capital. El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, ratificó el procesamiento penal y la orden de aprehensión dictada contra el secretario ejecutivo de la central obrera, Mario Argollo, y otros 24 dirigentes sindicales.
El representante de los trabajadores fabriles del departamento de Cochabamba, Carlos Gutiérrez, alertó sobre una respuesta violenta de las bases obreras en caso de que las fuerzas policiales ejecuten la captura de la conducción sindical. El pliego de demandas mutó desde los reclamos sectoriales de maestros, mineros y campesinos hacia una exigencia de elecciones anticipadas.
La interrupción de la red vial nacional destruye las proyecciones financieras del sector privado. La Cámara Nacional de Industrias (CNI) comunicó una afectación directa sobre las cadenas de suministro de alimentos, medicamentos y combustibles, cuyo impacto contable superó la barrera de los USD 600 millones de pérdidas acumuladas, según se desprende de la información oficial. (Agencia OPI Santa Cruz)