Economía cubre el bache financiero del INSSJP con una inyección de $580.000 millones mediante títulos públicos, en un contexto de parálisis operativa donde los jubilados denuncian cortes en las prestaciones médicas y suspensión en la entrega de medicamentos.
A través de la Resolución Conjunta 26/2026 de las secretarías de Finanzas y de Hacienda, publicada este viernes 22 de mayo en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo convalidó un incremento del endeudamiento interno para tapar el desequilibrio de la obra social. El texto normativo justifica la transferencia administrativa ante la “crítica situación financiera por la que atraviesa el Instituto“, con la premisa de “atender obligaciones asumidas con prestadores y proveedores y garantizar la continuidad de las prestaciones y servicios a su cargo“. La fragilidad de la caja previsional obliga a la colocación de nuevos pasivos en el mercado local en lugar de utilizar excedentes corrientes.
Las secretarías de Finanzas y de Hacienda estructuraron el financiamiento mediante la ampliación de la emisión de tres series de Letras del Tesoro Nacional Capitalizables en pesos (LECAPS), con vencimientos escalonados que obligan al reembolso total dentro del actual ejercicio económico.
El cronograma de entrega y los montos nominales fijados detallan las siguientes colocaciones:
- Un primer tramo que representa el 33% del auxilio total, instrumentado mediante letras con vencimiento al 31 de julio de 2026, por un valor nominal original de $173.672.159.684.
- Un segundo bloque de idéntico porcentaje (33%) que vencerá el 31 de agosto de 2026, con un valor nominal asignado de $164.037.509.356.
- El saldo remanente equivalente al 34% de la asistencia, con fecha de caducidad fijada para el 30 de septiembre de 2026, por un valor nominal de $187.363.497.440.
Los secretarios Federico Furiase y Carlos Guberman estamparon sus firmas en un esquema donde los instrumentos financieros se computarán a su valor técnico calculado al 18 de mayo de 2026. El mecanismo técnico esquiva el desembolso de efectivo inmediato y traslada la presión cambiaria y de tasas hacia el tercer trimestre del año. Las provincias patagónicas reciben este impacto de forma directa, ya que las delegaciones regionales del INSSJP acumulan deudas con clínicas locales y colegios farmacéuticos, los cuales restringen el crédito ante la licuación de los aranceles vigentes.
La normativa presupuestaria impone que estas LECAPS deben quedar “reembolsadas en el mismo ejercicio financiero en que se emitan“, un condicionamiento que la Ley de Presupuesto General para 2026 exige para evitar el arrastre de pasivos corrientes hacia el próximo año, fijando la cancelación definitiva antes del inicio del último trimestre. (Agencia OPI Santa Cruz)