En el Senado de la Nación, el bloque de La Libertad Avanza definió que buscará firmar el despacho de comisión en la próxima reunión del plenario que integran las comisiones de Salud y de Legislación General. Las senadoras libertarias Ivana Arrascaeta y Nadia Márquez presiden ambos cuerpos de trabajo, los cuales acaban de dar por concluida la tercera ronda de consultas sobre la reforma de la Ley Nacional de Salud Mental.
El núcleo de la discusión legislativa se centra en dos modificaciones radicales respecto al texto vigente desde 2010: la autorización expresa de las internaciones no voluntarias y la reincorporación obligatoria del consumo problemático de drogas dentro de las patologías de salud mental. Durante las audiencias previas expusieron médicos, psiquiatras, psicólogos, especialistas, familiares y miembros de organizaciones sociales dedicadas a contener crisis por adicciones y suicidio.
El eje político de la discusión sumó tensión directa en el recinto de comisiones debido a los cruces entre el oficialismo y la oposición. Ante los cuestionamientos del peronismo hacia la propuesta del Gobierno nacional, la senadora Nadia Márquez retrucó las críticas al señalar que para algunos sectores las emergencias aparecen únicamente bajo la gestión del presidente Javier Milei. La legisladora oficialista afirmó que la salud mental constituye una problemática que abordan con seriedad y cruzó al gobierno anterior al declarar que durante los cuatro años de la gestión del presidente Alberto Fernández no registraban emergencias de ningún tipo en esta temática, mientras golpeaban a la primera dama.
La postura técnica y documental del debate legislativo expuso visiones contrapuestas sobre el articulado. Marcela Campagnoli, ex diputada de la Coalición Cívica y especialista en la materia, señaló que las leyes deben evaluarse por sus efectos y que la norma actual demostró límites concretos que dejan vacíos legales y familias destruidas. Desde la vereda opuesta, la decana de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario, Soledad Cottone, rechazó la reforma porque la obligación de sumar un psiquiatra introduce una jerarquización normativa que descalifica la formación de los psicólogos como disciplina autónoma.
Por su parte, el abogado especialista en derecho médico, Vadim Mischanchuk, defendió la necesidad de modificar el texto actual al argumentar que la palabra “inminente” trabó los procesos de internación desde 2010 y demonizó a los hospitales de salud mental. En sintonía con la flexibilización, Stella Maris Garaventa, representante de Madres Territoriales de Chivilcoy, calificó a la ley vigente como asesina, denunció la falta de asistencia en la Provincia de Buenos Aires y afirmó que la internación involuntaria representa un derecho a la vida para evitar que los jóvenes terminen en los cementerios o en cárceles superpobladas.
El proyecto de reforma altera de forma directa tres puntos principales de la política sanitaria nacional:
- Rol Médico: Reemplaza el enfoque interdisciplinario horizontal actual por una estructura donde el médico psiquiatra tiene presencia obligatoria en los equipos y su evaluación técnica posee mayor peso para definir diagnósticos, tratamientos e internaciones.
- Internaciones No Voluntarias: Mantiene la internación como un recurso de carácter excepcional, pero habilita la vía no voluntaria cuando exista una situación de riesgo grave de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros.
- Adicciones: Integra formalmente el consumo problemático de sustancias a las políticas públicas de salud mental, lo que faculta a la autoridad de aplicación a diseñar y establecer dispositivos terapéuticos específicos para esta problemática. (Agencia OPI Santa Cruz)