La Unión Industrial Argentina (UIA) demandó formalmente a los gobernadores provinciales y a los intendentes municipales que absorban el costo fiscal de la baja de retenciones mediante una poda de tasas locales. A través de un comunicado emitido el sábado, la central fabril respaldó el sendero de eliminación de los Derechos de Exportación (DEX) fijado por el Palacio de Hacienda, pero advirtió que el alivio impositivo quedará neutralizado si los distritos del interior no replican la reducción en sus propias jurisdicciones.
El posicionamiento corporativo replica el pliego de condiciones que las cámaras empresariales le entregaron al ministro de Economía, Luis Caputo, durante la reunión del martes anterior en Buenos Aires. La cúpula industrial busca apurar reformas estructurales en los tres niveles del Estado bajo el argumento de que el sector manufacturero aporta, en promedio, el 26,6% de la recaudación total de los principales tributos nacionales.
La conducción que encabeza Martín Rappallini defendió la flexibilización aduanera tras asegurar que la quita definitiva de los DEX para 2027 resulta indispensable para revertir el atraso cambiario por la vía fiscal. Según la mirada empresaria, la medida morigera el costo argentino en el sector transable y potencia los embarques con valor agregado, en un contexto de fuerte pérdida de mercados internacionales.
El cronograma oficial de desarme arancelario para la industria automotriz, petroquímica y de maquinarias establece las siguientes pautas financieras:
- Las alícuotas retrocederán a una tasa de corte del 0,375% mensual.
- El proceso de desgravación comenzará a regir a partir de julio próximo.
- El esquema de reducción gradual finalizará en junio de 2027 con alícuota cero.
- El impacto fiscal neto sobre las cuentas públicas ascenderá a U$S 25 millones en 2026.
- El costo fiscal de la medida escalará a U$S 115 millones durante 2027.
La hoja de ruta convalida el método de previsibilidad que impuso el equipo económico por encima de las promesas condicionadas del Poder Ejecutivo. Mientras el presidente Javier Milei supeditó públicamente la flexibilización de los gravámenes al agro y las manufacturas a la existencia de un superávit de recaudación previo, el Palacio de Hacienda corrigió el rumbo y fijó un esquema de rebajas prefijadas con fechas límite para evitar el freno de los planes de inversión corporativos.
La ofensiva de la UIA para transferir el esfuerzo fiscal a las provincias expone la pulseada por los recursos que mantienen la Casa Rosada y los mandatarios del interior. Las empresas patagónicas enfrentan un escenario donde la eliminación de impuestos nacionales presiona a los ministerios de economía provinciales a revisar Ingresos Brutos y tasas de seguridad e higiene, en momentos donde la caída de la actividad ya resiente las cajas locales. (Agencia OPI Santa Cruz)