Chequeado con el patrocinio jurídico de la Fundación Poder Ciudadano presentó un recurso ante la Cámara Federal en Argentina. La acción procesal busca elevar un reclamo hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El objetivo es obligar a la petrolera YPF a informar la distribución de su pauta publicitaria tras dos fallos previos.
El amparo original busca el cumplimiento de una resolución dictada durante el año 2024. El documento fue emitido por la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP), el organismo rector que ordenó a la empresa la entrega de la documentación requerida.
El origen del conflicto administrativo con YPF
El expediente administrativo comenzó en septiembre de 2024. El Centro de Datos de la organización civil requirió a Horacio Marín, presidente de YPF, los detalles sobre las transferencias ejecutadas hacia medios y agencias. La empresa denegó la solicitud de información.
La petrolera justificó su postura argumentando su figura jurídica de sociedad anónima. La conducción de la empresa sostuvo que esta condición societaria la excluye del alcance de la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública.
La intervención de la AAIP derivó en una resolución favorable al pedido de apertura de datos. La empresa incumplió la orden administrativa oficial. La falta de entrega de la documentación trasladó el expediente al fuero contencioso administrativo.
Los argumentos ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación
La apelación presentada ante la máxima instancia judicial señala una omisión técnica en las decisiones previas. El documento indica que los magistrados no lograron identificar ni probar un perjuicio concreto derivado de la divulgación de la distribución publicitaria.
“Estas decisiones dejan sin respuesta una pregunta central: cuál sería el daño concreto que provocaría informar en qué medios, agencias o plataformas digitales pauta una empresa con mayoría accionaria estatal“, afirmó Franco Piccato, director Ejecutivo de Chequeado.
“El recurso busca que la Corte Suprema de Justicia de la Nación reafirme que no hay empresas con mayoría estatal opaca cuando se trata de rendir cuentas a sus verdaderos dueños: los ciudadanos“, agregó el directivo de la organización.
La negativa de las empresas bajo control del Estado nacional a transparentar el uso de fondos públicos registra expedientes recientes. El Banco Nación adoptó una estrategia idéntica frente a pedidos de acceso a la información vinculados a la distribución de sus gastos publicitarios institucionales.
Aerolíneas Argentinas transitó un proceso administrativo y judicial con características idénticas. La aerolínea de bandera entregó los datos del presupuesto y su distribución únicamente luego de recibir una resolución judicial que la obligó a acatar la normativa vigente. (Agencia OPI Santa Cruz)