(Por: Rubén Lasagno) – Quiero abordar un tema sobre el cual los gobiernos (municipales, provinciales, nacionales) hablan mucho, gastan ingentes sumas de dinero para habilitar institutos, programas, nombrar funcionarios e inundar el espectro comunicacional, a vaya saber qué costo de publicidad, con campañas contra la ludopatías y son ellos mismos los que incentivan, promocionan e inundan la provincia y el país de una timba descarada donde queda claro que lo menos importante (para ellos) es la salud pública. Los Estados apuntan a que la sociedad de por si empobrecida y con carencias irrecuperables, deje su dinero en la salas que en general son de los amigos que usufructúan los laxos permisos para explotar el juego en las ciudades como Río Gallegos y cada una de las capitales donde en los últimos años proliferaron por todo el mapa nacional pero que desde 2020 en adelante el fenómeno digital aumentó exponencialmente el fenómeno a través de la facilidad para jugar desde aparatos móviles.
Las dos grandes plataformas de la década del 2000 son: las apuestas y casinos online masificado con las plataformas como Bet365, Bplay o BetWarrior y los llamados Videojuegos Multijugador o Gaming.
Ya ni siguiera el jugador necesita trasladarse físicamente a una sala, lo hace desde su celular y allí este mercado infame introduce la captación de los menores, que multiplica por millones la ganancia de los “empresarios” delincuentes que llenan sus bolsillos con la complicidad de los Estados quienes en combinación con los dueños del juego, nunca lo combate, lo alienta.
La hipocresía del Estado
El fenómeno del juego en nuestro país ha encendido la alarma de psicólogos, docentes y familias en todo el país: el crecimiento exponencial de la ludopatía, especialmente en adolescentes, responde a lógicas comerciales más que a un cuidado real de la población, el cual es simulado tanto por parte de la nación como de la provincia y los municipios, cuyo cuidado real es inexistente.
Las frases como “solo para mayores de 18 años” o “juega con responsabilidad” después de cada aviso de juego, funcionan casi exclusivamente como un paraguas legal para las empresas y los comunicadores. Su objetivo principal es cumplir con las normativas vigentes del Estado o de las plataformas (como Twitch, Instagram o YouTube) para evitar sanciones y su propósito real no es disuadir a los jóvenes. Es un formalismo que los exime de culpa ante la ley, pero ignora la realidad psicológica del público al que se dirigen.
Los “ídolos” ¿O llamadores?
Cuando un streamer, un músico de trap o un jugador de fútbol promociona un casino virtual, el impacto en un adolescente es emocional y aspiracional. Los cultores de esta dinámica del juego masivo radican su “éxito de márketing” asociando la figura de alguien exitoso, rico o divertido con la acción de apostar.
Se vende como una forma de entretenimiento que además “te salva” económicamente, algo muy seductor en un contexto de crisis. Frente a un video dinámico de 60 segundos lleno de estímulos positivos, una frase dicha a toda velocidad al final o en letra pequeña no tiene ninguna posibilidad de ser procesada como una advertencia real por un cerebro adolescente en desarrollo.
Aún más grave es el mercado clandestino donde la situación directa o indirectamente habilita a los menores. Gran parte de esta explosión se da en casinos ilegales o no regulados que operan a través de WhatsApp o Telegram mediante la figura de los “cajeros”.
Estos intermediarios cargan fichas a través de billeteras virtuales (las cuales muchos menores poseen) sin pedir ningún tipo de validación de identidad real. Cuando un influencer comparte el link de uno de estos “cajeros”, sabe perfectamente que no hay barreras de edad del otro lado.
La normalización de “la timba”
El Mundial de Qatar, fue un punto de inflexión. Las casas de apuestas deportivas coparon las tandas publicitarias, las camisetas de los equipos de primera división y el relato de los partidos. Al normalizar la apuesta como una parte “necesaria” para disfrutar del deporte, se transformó culturalmente la percepción del juego de azar, quitándole el estigma de riesgo y acercándolo a la cotidianidad del hogar.
En este momento, bajo la organización del mundial estamos reviviendo todo eso pero potenciado aún más por el avance tecnológico y las estrategias de marketing y venta que atomizan al espectador y subliman el juego en las familias, prácticamente haciendo que los jugadores de la selección, sean el vehículo de esa aceptación muda y sin restricciones de que jugar es divertido.
En resumen, se le pide a un adolescente que tenga el autocontrol que el propio Estado y los adultos que manejan estas plataformas y publicidades no están teniendo.
Es una hipocresía estructural donde se prioriza un negocio multimillonario, delegando la responsabilidad en un mensaje tan lábil que está diseñado, en la práctica, para ser ignorado.
Lotería provincial
La mayor hipocresía institucional en todo el debate sobre la ludopatía se configura en nuestra provincia y en todas las provincias del país con la “tradicional Lotería” donde existe un doble estándar innegable: se señala (con justa razón) el daño que causa el juego online impulsado por influencers, pero se blinda el monopolio estatal del juego bajo el eufemismo de “entretenimiento tradicional“.
Las loterías y cajas de asistencia social de las provincias operan con una lógica que las protege de las críticas masivas gracias a una combinación de justificación moral, dependencia fiscal y control del relato. Depende del enfoque político que le da cada provincia, como Santa Cruz, para insertarse mejor o menos socialmente, pero en todas sin excepción, el interés es el mismo: la plata sobre la salud pública.
El escudo moral de la “Acción Social”
El argumento fundacional y la principal defensa de las loterías provinciales es que su recaudación tiene un fin noble.
El relato oficial como el que diariamente vemos reflejados en las radios y canales provinciales, sostiene que lo recaudado, tras pagar premios y comisiones, se destina a salud, educación, infraestructura o desarrollo social. Absolutamente incomprobable para el ciudadano común.
Bajo el lema implícito de “apostar es ayudar“, el Estado provincial neutraliza el estigma del juego. Sin embargo, al cruzar esta narrativa con la realidad del presupuesto provincial encontramos una enorme opacidad. La trazabilidad exacta de cómo esos fondos se ejecutan en partidas específicas de acción social es, en todos los gobiernos, un agujero negro informativo o se diluye en rentas generales para cubrir gastos corrientes o vaya a saber a qué bolsillos va parte de esa recaudación.
Una fuente de Lotería Para Acción Social de la provincia, cuando lo consultamos sobre algunos aspectos del juego oficial nos señaló “Es una pantalla que sirve para muchos propósitos políticos y personales. Tené en cuenta que no conozco uno solo que haya pasado por acá (Presidencia de la Lotería) que no sea rico, millonario, forrado por un par de generaciones familiares. Todos roban y roban mucha plata, por eso algunos no quieren irse de este nichito de corrupción provincial”.
Lotería ¿De acción social?
La “Lotería para Obras de Acción Social de la Provincia de Santa Cruz (LOAS)” es una institución que tiene más de 40 años de historia (su ley de creación original data de 1984, luego actualizada por la Ley N.º 3304), la conducción del organismo durante las últimas dos décadas se ha concentrado principalmente en las figuras de Juan Lisandro Maier y Roberto López, hasta la reciente asunción de Claudia Pavez.
Sobre su “transparencia institucional”, existen dudas y sus números solo se basan en anuncios oficiales y balances a trazo grueso, pero las fuentes nos confirmaron “cuando se busca la trazabilidad fina del dinero y las condiciones de los contratos, la información entra en un embudo”.
La normativa vigente (Ley Provincial N° 3304) establece que el 95% de las utilidades de la Lotería para Obras de Acción Social (LOAS) debe destinarse en partes iguales a las carteras de Salud y de Desarrollo Social. Recientemente, por ejemplo, se publicaron informes oficiales asegurando que en la gestión actual se “triplicó la recaudación” respecto a 2023, transfiriendo miles de millones a estas áreas. La ortra lectura es el incremento sustancial del juego en Santa Cruz, un fenómeno que arrecia cuando las condiciones sociales (paradógicamente) son las más difíciles.
El déficit de transparencia del juego en la provincia radica en la ejecución real. No existe un portal de datos abiertos interactivo donde se pueda auditar en qué partidas presupuestarias específicas se gastó ese dinero.
Las fuentes oficiosas que nos nutrieron de información, aseguran que en la práctica contable de la provincia, estos fondos suelen ingresar y licuarse para cubrir gastos corrientes o tapar agujeros operativos de los ministerios, en lugar de estar atados a programas trazables (como campañas de prevención de ludopatía o infraestructura hospitalaria comprobable). El dinero entra a la “caja grande” y se le pierde el rastro.
El salto del juego físico al online y la modernización de las salas de casino requieren asociaciones y contratos con empresas tecnológicas y operadoras privadas, sin embargo, el acceso a los pliegos de concesión, las resoluciones de adjudicación y, fundamentalmente, el canon o porcentaje exacto que estas empresas le tributan a la provincia no están disponibles de forma sencilla ni se conocen públicamente.
Cuando la LOAS habilita a una plataforma de apuestas online para operar legalmente en territorio santacruceño, los detalles críticos del acuerdo comercial y las exigencias de responsabilidad social quedan resguardados en expedientes administrativos de muy difícil acceso.
Por otra parte, se nos indicó que en materia de juego online y tragamonedas, quien controla el software tiene la llave de la caja. La transparencia técnica es prácticamente nula frente a la opinión pública.
No existen informes de auditoría independientes y de acceso libre que detallen si el Estado provincial cuenta con la capacidad tecnológica (como software forense o APIs de monitoreo en tiempo real conectadas a los servidores de las operadoras) para saber exactamente y al segundo cuánto se está apostando.
En muchas jurisdicciones y Santa Cruz no escapa a esta lógica, el Estado termina liquidando impuestos basándose en las declaraciones juradas de facturación que presentan las propias empresas concesionarias, operando casi a ciegas. El tema aquí es si la provincia pierde plata o muchos funcionarios ganan millones, pues esta forma de “medición a ojo” o basándose en una declaración jurada de la que nadie da fe, es el mecanismo perfecto para la coima, el retorno, los negocios paralelos y una gama interminable de corrupción empresario-administrativa.
Concluyendo, la transparencia que se exhibe en Santa Cruz y en muchas provincias, se limita a mostrar el número final global de la recaudación para proyectar una imagen de eficiencia administrativa, pero el entramado real —la letra chica de las concesiones digitales, la auditoría del software y el destino del último peso dentro de la burocracia estatal— sigue operando en la misma caja negra institucional.
La “caja” política
Nuestro infidente en materia de juego, nos ilustró sobre el uso de los fondos del juego a diferencia de los impuestos tradicionales, que tienen calendarios de vencimiento y una alta tasa de morosidad en tiempos de crisis; el juego físico (la quiniela diaria, el Quini 6, el Loto) genera ingresos líquidos diarios y en efectivo.
Para el gobierno provincia la Lotería representa una inyección de fondos constante, de libre disponibilidad en muchos aspectos prácticos y vital para sostener el aparato estatal fuera de los fondos de coparticipación.
En Santa Cruz cuestionar éticamente a la lotería provincial prácticamente implica atentar directamente contra la estabilidad financiera de la propia provincia, motivo por el cual ningún gobierno (del color político que sea) propone y/o propuso restringir su alcance. Por el contrario es una “política de Estado” en Santa Cruz, mantener este nicho de fondos oficiales de amplia disponibilidad y oscuro destino. (Agencia OPI Santa Cruz)
Asi es la loteria provincial es una fábrica de millonarios y alguien sabe por que??? jejeje ladrones deon sello social
Vaaaamosss se cren que somos boludos
Y nadie se acuerda del kike??????? el que se comía a las chicas de turismo y loteria?
La loteria es el coto de caza de un grupo de gente todos k que viven de la guita de la timba hace muchos años. Y le hacen creer a la gente que son solidarios y que jueguen que la plata va a para los hospitales jaja el bingo el viejo alacrán de Barragan todos prendidos. La ludopatia avanza comola libertad y todos calladitos. Gracias OPI
Una descripción exacta de lo que pienso de todo este paquete de corrupcion que es el juego en la argentina y santa cruz. Nunca lei algo mejos, gracias