El fiscal Sergio Mola rechazó la recusación de Martín Insaurralde

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El titular de la fiscalía federal impugnó el planteo de la defensa del ex intendente de Lomas de Zamora. La investigación patrimonial abarca transferencias, inmuebles y sociedades registradas.

Sergio Mola, fiscal federal, solicitó rechazar la recusación presentada por la defensa de Martín Insaurralde, ex jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires. El pedido del representante del Ministerio Público Fiscal busca mantener su participación en la causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos radicada en la jurisdicción de Lomas de Zamora.

La posición de la fiscalía responde a un planteo de los abogados del ex funcionario. La defensa argumentó una supuesta actuación parcial del fiscal y utilizó como base los cuestionamientos previos formulados por Luis Armella, juez federal. El magistrado denegó previamente los pedidos de detención contra el ex intendente y Jésica Cirio, su ex esposa.

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El expediente judicial registró nuevos movimientos tras la difusión de registros audiovisuales con sumas de dinero en efectivo dentro de una propiedad vinculada al entorno del ex jefe de Gabinete. A partir del hallazgo de este material, el Ministerio Público Fiscal requirió allanamientos, nuevas pericias y el análisis de dispositivos electrónicos. Las medidas apuntan a trazar el origen de los fondos y reconstruir movimientos patrimoniales.

Sergio Mola requirió la captura de los acusados bajo el argumento de riesgo de fuga y entorpecimiento de la recolección de pruebas. Luis Armella desestimó los arrestos y ordenó la prohibición de salida del país para los imputados, junto con la restricción de alejarse de sus respectivos domicilios sin autorización del juzgado.

El origen del expediente

La investigación judicial comenzó en 2023 tras la publicación de fotografías de Martín Insaurralde junto a Sofía Clerici a bordo del yate Bandido en la ciudad de Marbella. Las imágenes motivaron múltiples denuncias penales por parte de dirigentes opositores.

La justicia federal unificó las presentaciones y ordenó una auditoría sobre el patrimonio del ex funcionario correspondiente al período comprendido entre 2009 y 2023. Las líneas de investigación abiertas incluyen el análisis de sociedades comerciales, transferencias financieras y la titularidad de bienes inmuebles. (Agencia OPI Santa Cruz)

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