La defensa del exfuncionario bonaerense busca invalidar las grabaciones que exhiben dólares en su vivienda argumentando un acceso ilegal a los dispositivos. El juzgado interviniente mantiene la prohibición de salida del país y restringe los movimientos físicos de los procesados.
Martín Insaurralde, exjefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, solicitó el 2 de julio de 2026 ante el Juzgado Federal de Lomas de Zamora la anulación probatoria de los videos que lo investigan. La medida busca frenar el avance del expediente penal por enriquecimiento ilícito, tras la reaparición pública del exfuncionario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Insaurralde abandonó una cochera ubicada en la calle Libertad 567, a escasos metros del Palacio de Tribunales. El exfuncionario asiste a ese inmueble al menos tres veces por semana desde marzo de 2026 para mantener reuniones políticas. Así lo mostraron las cámaras del canal de noticias TN.
En el décimo piso del edificio funciona el estudio jurídico de la abogada Mariana Gallego, esposa del letrado Mauricio D’Alessandro, y una dependencia informal del Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar (ALEARA). El imputado abandonó la instalación ocultando su rostro dentro del vehículo para evadir registros visuales.
Pedido de exclusión probatoria ante la Justicia Federal
La representación legal del imputado presentó un requerimiento formal para rechazar la incorporación del material audiovisual al expediente. “El video es de origen ilícito”, fundamentó la defensa de Martín Insaurralde al argumentar que las imágenes provienen de un hackeo a los teléfonos de la modelo Jésica Cirio.
El cuerpo de abogados exige la aplicación de la regla de exclusión probatoria al sostener que la ausencia de una cadena de custodia forense impide validar el contenido o descartar una edición digital de las imágenes. Días atrás, la defensa de Jésica Cirio ingresó una petición judicial idéntica.
El juzgado federal ejecutó allanamientos previos en el departamento del exfuncionario e inspecciones oculares en las propiedades de San Vicente. El 1 de julio de 2026, declararon dos agentes de la Policía Federal Argentina que participaron del allanamiento original en la vivienda.
De acuerdo con las actas del tribunal, los efectivos policiales no lograron confirmar durante su testimonio si el vestidor exhibido en las grabaciones coincide con la estructura que inspeccionaron en octubre de 2023. El peritaje informático busca extraer el archivo original para fechar el registro y rastrear los fondos.
El expediente judicial por enriquecimiento ilícito y lavado de activos mantiene bajo investigación directa el patrimonio de los acusados tras el hallazgo de efectivo. El fiscal federal Sergio Mola requirió previamente la detención formal del exjefe de Gabinete.
Ante el pedido del Ministerio Público Fiscal, el juez Luis Armella dictó la prohibición de salida del país para asegurar la comparecencia de los procesados. La disposición restringe a los imputados alejarse a más de 50 kilómetros de sus domicilios declarados.
Toda ausencia física que supere las 24 horas exige una notificación y autorización previa del magistrado interviniente. (Agencia OPI Santa Cruz)