El intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso criticó el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz que revocó la medida cautelar que había suspendido la aplicación del artículo 22 de la Ley Provincial N°1782, vinculado al ingreso de aportes y contribuciones previsionales sobre fondos de coparticipación municipal.
La resolución del máximo tribunal provincial dejó sin efecto la decisión de primera instancia que impedía descontar e ingresar esos aportes, al considerar que no estaban acreditados los requisitos legales para sostener una medida cautelar contra el Estado. El fallo dio lugar al planteo del Gobierno provincial y de la Caja de Previsión Social, que habían defendido la validez del régimen previsional.
Grasso criticó que el fallo tendrá impacto en las finanzas municipales dado que “largaron un acuerdo para autorizar a que la Provincia les manotee más plata a los municipios para saldar sus deudas. Es catastrófico”.
Sin embargo, el intendente de la capital provincial evitó referirse al fondo de la cuestión y señaló que el fallo fue dictaminado por “gente que fue funcionaria y endeudó, o deudas que estamos tratando de sanear. Es lo que pasa cuando tratan estas cosas a escondidas”.
Luego indicó que “vamos a defender el salario de los municipales. Se viene la férrea defensa de lo que tanto nos costó”.
El gobierno provincial reclamó en varias oportunidades al gobierno de Río Gallegos que deposite los aportes patronales y personales de los trabajadores municipales que deben ser girados a la Caja de Previsión Social y a la obra social Caja de Servicios Sociales (Agencia OPI Santa Cruz)