(Por: Rubén Lasagno) – Informe I – El gobierno hizo un llamado a sesión extraordinaria en la Cámara de diputados de la provincia emitida por la Presidencia ayer 20 de julio de 2026. La convocatoria es para las 11:00hs del día jueves 23 de julio.
El objetivo central y único de la convocatoria, impulsada por un pedido del Bloque Por Santa Cruz, es debatir la declaración del “Estado de Emergencia Habitacional en todo el territorio de la Provincia de Santa Cruz“.
La convocatoria a extraordinarias en plenas vacaciones invernales llamó la atención de muchos, porque una “Emergencia habitacional” no se construye de la noche a la mañana y hasta donde pudimos saber de parte de nuestras fuentes en la Legislatura no existiría per se ningún estudio previo de necesidades objetivas de viviendas, de las cuales hay un tremendo déficit como en todo el país, pero las proyecciones de estas inversiones no pueden ser meramente especulativas, como las establece en este caso el gobierno provincial en sun proyecto central (N° 604) que oficializa el proyecto legislativo.
Para fundamentar de manera rigurosa y técnicamente sólida la declaración de una emergencia habitacional en la provincia de Santa Cruz, el gobierno debería contar con una matriz de indicadores y estudios diagnósticos previos, que no aparecen en el proyecto. Tratándose de una medida extraordinaria que suele habilitar partidas presupuestarias o mecanismos de contratación expeditos, el sustento técnico es clave para precisar la magnitud real de la crisis.
El proyecto real carece de lo fundamental
Al analizar el texto del Proyecto de Ley N° 406, el cual si es el instrumento que los diputados van a analizar en la sesión extraordinaria del día 23 el pedido del Ejecutivo para instalar la “Emergencia habitacional en toda Santa Cruz”, queda en evidencia que el documento se sostiene exclusivamente sobre una base retórica y discursiva, careciendo por completo del soporte técnico, estadístico y documental que requeriría una medida de esta magnitud para ser evaluada con rigor por todos los legsiladores.
Al contrastar los considerandos del proyecto con los criterios técnicos necesarios para justificar una emergencia habitacional en la provincia, nos encontramos con omisiones fundamentales pues en la sección de “Fundamentos“, los autores justifican la medida aludiendo a un “crecimiento demográfico sostenido“, “vaivenes económicos” y un “déficit habitacional sin precedentes“. Sin embargo, el texto no aporta una sola cifra, porcentaje, censo o proyección que cuantifique dicho déficit.
Tampoco se especifica allí cuántas familias están afectadas, en qué localidades se concentra el problema, ni cuál es el estado actual de las obras paralizadas que allí se mencionan.
De acuerdo a lo que pudimos analizar, el nudo crítico del proyecto N° 406 radica en su Capítulo II (Artículos 3º y 4º) donde se solicita facultar al Poder Ejecutivo para “reasignar partidas presupuestarias” y establecer “procedimientos simples y ágiles de contratación” para obras y compras de materiales.
Al no existir un diagnóstico previo cuantificado en los fundamentos, se está solicitando una flexibilización de los controles de contratación pública y manejo del presupuesto sin establecer parámetros de necesidad real ni topes de gasto justificados.
El inciso “e” del Artículo 4º del proyecto que analizamos, autoriza al Ejecutivo a “crear un Banco de Tierras Provincial para identificar, expropiar o adquirir terrenos“. La inclusión de este inciso confirma de manera explícita que el Estado provincial no cuenta actualmente con un inventario de suelo urbano, ni con un catastro unificado de tierras disponibles para loteos; es decir, el gobierno pide declarar la emergencia para recién comenzar a identificar las tierras disponibles.
Si bien en los fundamentos se hace una mención acertada a la “particular crudeza de nuestro clima patagónico” y a la “carencia de servicios esenciales como la red de gas natural” como un problema de salud pública, el proyecto articulado no se respalda en informes de factibilidad de las empresas prestatarias de servicios. No se establece allí si las redes actuales de agua, gas y energía tienen la capacidad técnica para soportar los nuevos desarrollos que se pretende agilizar dentro de la Emergencia habitacional.
Por último el proyecto de Ley N°406, para el cual fueron convocados los diputados a una sesión extraordinaria del día jueves, propone crear una “Comisión de Seguimiento” (Artículo 5º) que recibirá informes semestrales sobre el avance de obras y ejecución presupuestaria (Artículo 6º). No obstante, al omitirse un diagnóstico inicial y un presupuesto base detallado en la formulación de la ley, esta comisión legislativa tendrá serias dificultades para auditar la eficiencia del gasto, ya que no habrá un parámetro técnico inicial con el cual comparar los resultados.
En conclusión, el texto presentado opera jurídicamente como una herramienta para habilitar la flexibilización administrativa, la reasignación de fondos públicos y la aceleración de compras, pero no evidencia la existencia de un trabajo previo de evaluación, censo o planificación estratégica serio y responsable que debe ser el basamento de una decisión de esta importancia como es una “Emergencia habitacional” que el Ejecutivo acerca a la legislatura para su aprobación, pero sin explicar el sustento fundamental que exisge un proyecto de este tipo que necesita los 2/3 de las manos para ser aprobado.
¿Y si hay un negocio entre manos?
Como siempre hacemos en OPI Santa Cruz, cuando aparece un interés tan puntual y una urgencia tan imperiosa por parte del gobierno provincial, municipal o nacional alrededor de temas tan importantes, nos dedicamos a buscar los “por qué” y el “cómo” de cada iniciativa donde podemos oler negocios ocultos que buscan legitimarse mediante instrumentos públicos lo cuales, una vez convalidados por las mayorías, pasa a ser “letra muerta” por cuanto en esta provincia la ley se incumple a rajatabla y el poder nunca es cuestionado y mucho menos controlado o investigado.
Fuentes provenientes del propio gobierno provincial y particularmente del IDUV nos adelantaron en calidad de primicia, que desde hace un tiempo “se mueve gente conocida del empresariado de la construcción de la provincia, que huelen algún negocio que no lo teníamos muy claro, hasta que nos enteremos de este pedido de declaración de Emergencia habitacional”, nos confió uno de nuestros contactos dentro del Instituto de la Vivienda provincial.
No descartó que si se aprueba la Emergencia Habitacional, el gobierno podría usar la SAU Santa Cruz Puede para fabricar o bien intermediar en la compra de paneles premoldeados para construir viviendas ligeras, pero si bien esto no fue totalmente apartado de las posibilidades, nuestra fuente repasó otras posibilidades más concretas y “con mayor experiencia” en el ramo de la construcción.
El hombre de varios años en la parte administrativa del Instituto, quien dice conocer al detalle este tipo de manejos y planes para la disposición de millones de pesos en construcciones, asegura que Rubén Aranda de la empresa Chimen-Aike y Escarabajal Ingeniería SRL están activando contactos y relaciones con el gobierno provincial para el desarrollo de viviendas en Santa Cruz y solo en carácter de información aún no confirmada nos señalaron que el propósitos de estas empresas amigas del poder, estaría tras el negocio de las viviendas industrializadas, que con la Emergencia habitacional permitiría que las mismas salieran adjudicadas sin licitación o con licitaciones “condicionadas” lo cual responden al famoso modelo de “cartelización” que fundó Lázaro Báez en Santa Cruz, siguió Pablo Grasso en su paso por el IDUV y el gobierno actual con Claudio Vidal ha implementado desde el 2024 a la fecha.
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“Si Rubén (Aranda) y Escarabajal andan atentos detrás de este negocio, es casi un hecho que se preparan para algo grande y no es casual que la provincia pida habilitar la emergencia habitacional en pleno receso, que significa tener manos libres para readjudicar partidas y manejar la guita como quieran”, sintetizó nuestra fuente quien agregó un dato que o solo se le ocurrió o bien porque tiene información no revelada o porque usa la experiencia comparada de tantos años de ver la corrupción en Santa Cruz, “Estos podrían formar una UTE, con la complicidad de algún alto funcionario del gobierno y que los habiliten para elegir el proveedor de las viviendas que, por datos que tenemos en el Instituto, sería “Viviendas Bahía Blanca” de Comodoro (Chubut) que fue socio de Escarabajal Ingenería en el 2018, donde les rescindieron la obra de los 3.000 jardines de infantes en el país, porque no terminaron ninguno”, aseguró.
Socios y amigos históricos de la obra pública
Según el Boletín Oficial de Santa Cruz, en mayo de 2019 se decretó la apertura del concurso preventivo de acreedores de Escarabajal Ingeniería S.R.L. Esta situación legal es una de las principales irregularidades señaladas en el ámbito de la contratación pública, ya que una empresa en concurso no debería ser adjudicataria de obras. Sin embargo, a pesar de ello, la empresa continuó obteniendo licitaciones de manos de Pablo Grasso primero desde el IDUV y luego como intendente.
La empresa Escarabajal, en una Unión Transitoria de Empresas (UTE) con Bahía Blanca Viviendas S.R.L., fue adjudicataria de la construcción de jardines de infantes en las provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires. Sin embargo, en 2019, un legislador de Entre Ríos denunció que la UTE no había terminado ninguna de las obras en la provincia, lo que motivó un pedido de informes al gobierno nacional sobre los retrasos.
A pesar de su historial y su situación legal, Escarabajal Ingeniería S.R.L. ha continuado adjudicándose proyectos importantes en Santa Cruz y en Río Gallegos de la mano de Pablo Grasso, especialmente, por ejemplo, la obra de ampliación y optimización del sistema de saneamiento de Río Gallegos, un proyecto millonario con una inversión superior a los 7 mil millones de pesos, que se adjudicó a una UTE de la que la empresa forma parte.
Escarabajal Ingeniería SRL formó una UTE con Rodalsa, otra empresa K que por muchos años fue la favorita de las licitaciones públicas en la provincia al igual que Chimen Aike la favorita de Claudio Vidal cuyo propietario, Rubén Aranda es su amigo. (Agencia OPI Santa Cruz)
Ojalá puedan actualizar la lista de empresas amigas del gobernador que hay acá en el sur de la provincia
Hagamos una lista acá en los comentarios y después la pasan en limpio. A mas de una le van a encontrar acomodos en licitaciones y contactos que liberan pagos millonarios mientras no pueden darle aumentos a los docentes o las fuerzas