(Por: Giuliano Ventura para OPI Chubut) – Un grupo de abogados de Chubut, encabezado por el constitucionalista Raúl Heredia, presentó un pedido de control de legalidad ante la Fiscalía de Estado para que se declare la nulidad del convenio con YPF, argumentando que es inconstitucional.
La información primeramente publicada por el medio digital ADN detalla la impugnación formal del acuerdo recientemente firmado (y ratificado por la Legislatura) entre el Gobierno de Chubut y la petrolera YPF.
El eje del reclamo es “la cláusula de indemnidad” que libera a YPF de cualquier responsabilidad futura por sus pasivos ambientales históricos. Los abogados sostienen que esta obligación es irrenunciable y de orden público; el Estado no puede eximir a una empresa de su responsabilidad mientras el daño ambiental siga existiendo.
Otro de los puntos objetados y por el cual piden la nulidad es que si las nuevas operadoras que asuman las concesiones quiebran o no cumplen con la remediación, al estar YPF liberada de culpa, los costos de descontaminación terminarán recayendo en el Estado provincial y pagándose con fondos públicos; es decir en las actuales condiciones del Convenio se traslada todo el riesgo a los ciudadanos.
El acuerdo, por otra parte, estipula que YPF pagará 25 millones de dólares a la provincia. Los denunciantes argumentan que esto no es un aporte extraordinario, sino el precio de una renuncia estatal a reclamos. Además, marcan una fuerte asimetría: Santa Cruz arregló la salida de YPF por 335 millones de dólares (con 1.200 pozos inactivos), mientras que Chubut aceptó solo 25 millones teniendo entre 2.000 y 3.000 pozos.
Los denunciantes también cuestionan que esos 25 millones de dólares se destinarán a infraestructura, salud, educación y seguridad, en lugar de utilizarse exclusivamente para la remediación y recomposición del medio ambiente (como exige la ley ambiental mediante el principio de internalización de costos).
Y por último el acuerdo establece que, ante cualquier conflicto, intervendrán los tribunales ordinarios de la Ciudad de Buenos Aires, desplazando a la justicia chubutense por daños ocurridos en su territorio. Y finalmente se critica fuertemente al gobierno porque no hubo participación de los municipios ni de las comunidades originarias afectadas.
Esta presentación ante la Fiscalía de Estado y la Defensoría del Pueblo es solo la antesala de una movida mayor que tiene planificada este grupo de abogados quienes advierten que, de no prosperar el reclamo por la vía administrativa, iniciarán una demanda judicial directa para frenar la aplicación de esta cláusula que consideran un retroceso en la legislación ambiental. (Agencia OPI Chubut)