(Por: Rubén Lasagno) – Luego de 40 días de conflicto policial en Santa Cruz, la situación sigue empantanada en idas y vueltas entre el gobierno y la denominada “Mesa del salario”, constituida por policías que representan a los activos, retirados y penitenciarios.
Cuando un conflicto salarial supera los 40 días, con acampes, efectivos encadenados frente a la Jefatura y temperaturas bajo cero, el problema de fondo ya no es únicamente la brecha económica entre el millón setecientos mil pesos que impuso la provincia y los 2,2 millones que pide la policía, sin duda hay barreras estructurales, de convicción y de capacidad (o incapacidad) política que mantienen la situación empantanada.
No tengo duda que hay un factor central el cual atenta contra cualquier acuerdo sustancial: el tiempo. El gobierno apuesta al desgaste de las bases policiales y la policía al desgaste del gobierno, sin embargo, entre ambos hay un proceso de desgaste simultáneo que difícilmente sea positivo para ambos y menos aún, para dejar bien parado políticamente al gobierno provincial.
Sin duda y como lo veo al final de estos 40 días de conflicto ininterrumpidos, el gobierno está intentando apagar un incendio usando un manual que ya no sirve. La administración provincial insistió en canalizar el diálogo exclusivamente a través del Consejo del Salario, que es el ámbito institucional formal, sin embargo, la protesta en su mayoría, está liderada por policías autoconvocados que han dejado muy en claro en algunas declaraciones públicas que no se sienten totalmente representados por quienes se sientan en esa mesa oficial.
Esto, por parte de los reclamantes, hace que al no tener interlocutores validados por las bases, el gobierno se encuentre negociando con representantes con poca fuerza. Los autoconvocados, incluso, tuvieron que salir a juntar avales (1.500 firmas de activos y 500 de retirados) para intentar ganarse una silla propia en la discusión. No saber, o no querer, integrar a los líderes reales de la protesta a la mesa, es un error grave de gestión de crisis. El gobierno cree que con el “divide y reinarás” podrá obtener un rédito por acumulación, pero en realidad la situación se agrava en vez de resolverse, porque tiene que “convencer” a dos frentes, en vez de a un solo bloque.
El Ministro de Seguridad, Pedro Prodromos, declaró públicamente que en más de 30 días realizaron 8 reuniones paritarias y presentaron 15 propuestas salariales distintas.
El ABC de una crisis
En cualquier manual de manejo de crisis se infiere que en la resolución de conflictos complejos, lanzar tantas ofertas consecutivas al vacío que terminan siendo rechazadas no demuestra flexibilidad, sino una profunda falta de termómetro político. En si mismo demuestra que los funcionarios llegan a la mesa sin acuerdos previos informales, “tirando números a ver si alguno pasa”, lo que expone al gobierno a un desgaste constante y debilita su autoridad en cada rechazo.
Sin duda de parte del gobierno hay muy poca habilidad negociadora. El discurso oficial se ha blindado bajo la premisa de la responsabilidad fiscal, frase de cabecera del Ejecutivo que se transmite bajo el lema: “Hicimos el mayor esfuerzo posible. No vamos a prometer algo que después no podamos cumplir”.
El gobierno ve la demanda de los 2,2 millones como una línea roja infranqueable. Creen que si ceden ante una protesta de esta magnitud, se generará un efecto dominó inmediato con el resto de los gremios estatales como los docentes, que también están en pleno proceso de negociación.
Ante su propia incapacidad para destrabar el conflicto mediante el diálogo, el gobierno tomó la decisión de dar un portazo unilateral, lo que endureció aún más a los policías que decidieron instalar nuevas carpas frente a la residencia del gobernador. Este cambio de postura refleja la frustración de un equipo de gobierno sin más herramientas políticas que las expuestas. Otorgaron el aumento a $1.746.634 por resolución del Poder Ejecutivo, pasando por encima del rechazo de las asambleas y manejando sumas en negro que son absolutamente rechazadas por las bases de los autoconvocados.
Cambiaron la mesa de Trabajo por un enfoque punitivo. Anunciaron que aplicarán sanciones disciplinarias y descontarán los días a quienes no regresen al servicio, mientras que crearán un “plus económico” para premiar a los agentes que no se sumaron al paro. Es la estrategia del “divide y reinarás”, último recurso para quebrar la resistencia y de dudoso éxito en esta contienda.
Finalmente y a 40 días de iniciado el conflicto, el gobierno provincial quedó atrapado entre su rigidez fiscal y su incapacidad para generar operadores políticos capaces de desarticular un movimiento que desbordó las estructuras tradicionales. Al quedarse sin recursos de negociación, optaron por la imposición y la amenaza, una fórmula que rara vez desactiva pacíficamente a una fuerza de seguridad en huelga.
Sin método y sin conocimiento
Cualquier manual de resolución de conflictos que un iniciado en negociaciones institucionales puede abordar, sugiere abandonar la burocracia pura y aplicar una metodología de negociación asimétrica. Y el gobierno está muy lejos de hacer algo parecido.
El primer error y más común que cometen este caso, es que el gobierno le exija a un movimiento inorgánico que se adapte a una mesa orgánica. El gobierno debería suspender temporalmente la insistencia en la paritaria formal y activar “operadores políticos” o “mediadores” de segunda línea (no ministros con exposición pública) para dialogar extraoficialmente. Pues bien, no los tiene. Esta persona, que en su momento fue Pedro Luxen y luego desapareció de la escena, no discute salarios, sino reglas de juego: cómo se van a sentar, quiénes tendrán la palabra y qué garantías de no represalia existen para los voceros informales. Es el paso previo a cualquier reunión oficial.
Amenazar con sanciones, cesantías o descuentos, como lo está haciendo el Ejecutivo, suele generar un “efecto abroquelamiento“. La metodología indica que el Estado debe dar el primer paso (y tener paciencia) para bajar la tensión y no lo está haciendo.
En este tipos de crisis con sectores policiales, especialmente y de acuerdo a lo que hemos podido recabar de información en otras provincias, han tratado de congelar los sumarios administrativos y los decretos unilaterales por un tiempo determinado a cambio de gestos del personal en conflicto, por ejemplo, levantar un acampe crítico o garantizar guardias mínimas reforzadas. Si esto el gobierno o la Jefatura no lo puede lograr, es porque el nivel de avance de la crisis lo ha llevado a un embudo en el cual cayó debido a sus propias inhabilidades funcionales.
Cualquier manual de crisis enseña que cuando la confianza entre el Ejecutivo y la policía está rota y el diálogo se estanca en números inamovibles, la negociación bilateral fracasa.
El gobierno, en este caso, debe habilitar el ingreso de un actor institucional neutral y de peso que oficie de garante. Puede ser la Iglesia (el obispo), un legislador respetado por ambas partes o un magistrado o alguien que tenga un peso específico en la comunidad pero que no esté partidizado con el propio gobierno. Este tercero debe absorber la fricción, y permitir que ambas partes cedan sin que parezca una derrota y “traducir” las demandas; es decir, funcionar como una amortiguador que garantice ecuanimidad, retrasmita postura y aconseje en ambos sentidos.
Solo cuando se alcanza un principio de acuerdo a través de la mediación y los canales informales, se vuelve a la institucionalidad. Y esto es lo que está faltando en Santa Cruz.
Si todo se somete a este procedimiento que describí escuetamente, hay una posibilidad de que se destrabe la crisis y que finalmente los representantes formales del Consejo del Salario y los ministros firman el acta que cristaliza lo que ya se acordó “en las sombras”.
Este procedimiento que personalmente lo he vivido en otras provincias donde pude observar de cerca cómo se desarrollaban, tiene como fin salvar la cara de las instituciones gubernamentales (demostrando que se resolvió “por las vías correspondientes”) y garantiza a los autoconvocados la legalidad de lo pactado.
Llegado a este nivel de enfrentamiento como el actual de Santa Cruz, ninguna de las partes quiere aparecer como “derrotado” y allí está la habilidad del negociador que elija el gobierno, si es que lo tiene, lo cual no parece que ocurra.
Retroceder a la amenaza punitiva, última fase de un proceso prácticamente quebrado, lo pone al propio gobierno en desventajas comparativas en relación con los policías. ¿Qué viene después?, ¿Descuentos, sanciones, traslados, suspensiones, pase a retiro o salida compulsiva de la repartición?.
Ninguna de esas son opciones, si lo que se quiere es preservar las instituciones y lograr la paz social. (Agencia OPI Santa Cruz)