El oficialismo capitalizó el apoyo estructural de la bancada amarilla para avanzar con las modificaciones en la autoridad monetaria. La iniciativa compartirá la agenda de discusiones económicas con el próximo cálculo de gastos y recursos del Estado nacional.
El bloque de diputados nacionales del PRO ratificó su respaldo institucional a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA). El proyecto ingresó a la mesa de entradas parlamentaria el 30 de julio de 2026 y otorgó al oficialismo los números iniciales para abrir el debate normativo.
El documento técnico tomará estado parlamentario el 3 de agosto de 2026 y será girado de forma directa a las comisiones de Finanzas y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación. Ambas dependencias legislativas se encuentran bajo la conducción de los representantes oficialistas Santiago Paul y Alberto Benegas Lynch. La estructura partidaria aliada anticipó el acompañamiento general para blindar la discusión en los plenario.
La propuesta oficial exige la revisión de los detalles técnicos por parte de los legisladores macristas antes de la firma de un dictamen conjunto. El texto se erige como la iniciativa central del segundo semestre parlamentario, cuya discusión compartirá calendario con el tratamiento del Presupuesto 2027, estipulado para su ingreso formal el 15 de septiembre de 2026.
El rechazo a la emisión y el debate de la oposición
El pronunciamiento político del espacio aliado expuso sus primeras confirmaciones a través de sus cuadros técnicos. Hernán Lacunza, ex ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, avaló los lineamientos del proyecto presidencial y celebró que se descartara el cierre definitivo de la entidad o una dolarización estructural.
La validación económica apuntó directamente a la prohibición de emitir circulante para sostener las cuentas públicas.
“El proyecto del Banco Central es muy razonable. Por fin estamos de acuerdo. El desafío será nunca volver a ese dilema de financiar al Gobierno dándole a la maquinita, porque es inflación que pagan los pobres y la clase media“, fundamentó Hernán Lacunza en sus canales de difusión.
Acusaciones penales y la derogación de la Carta de 2012
La estrategia narrativa del Poder Ejecutivo Nacional apuntó a desmantelar la base jurídica sancionada durante el kirchnerismo. Javier Milei, presidente de la Nación, focalizó sus denuncias sobre la reforma de 2012 e interpeló en cadena nacional a la expresidenta Cristina Kirchner y a Mercedes Marcó del Pont, ex titular del organismo.
El mandatario las responsabilizó de sustraer más de US$ 10.000 millones de la autoridad monetaria.
Según la exposición presidencial, la modificación estatutaria previa blindó de consecuencias penales a los funcionarios que ordenaban la emisión sin respaldo patrimonial. El titular del Ejecutivo exhortó a los miembros del Congreso de la Nación a aprobar las nuevas pautas legislativas para anular definitivamente el mecanismo de financiamiento que definió a la política económica durante los últimos 91 años. (Agencia OPI Santa Cruz)