El fiscal federal Eduardo Taiano solicitó formalmente el llamado a citación indagatoria para Eduardo Duhalde, la exsenadora Hilda “Chiche” Duhalde, el periodista Horacio Verbitsky, y los diputados nacionales Jorge Taiana y Eduardo Valdés, entre un listado de personalidades favorecidas por la asignación irregular de vacunas contra el COVID-19. La presentación efectuada ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 5 encuadra la conducta de los beneficiarios bajo la figura de partícipes necesarios del delito de peculado, cuya escala penal prevé condenas de dos a diez años de prisión.
La decisión procesal quedó en manos de la jueza federal María Eugenia Capuchetti, quien deberá evaluar las imputaciones formularas por la fiscalía contra quienes aceptaron ser inoculados por fuera del cronograma prioritario dispuesto por las autoridades sanitarias. La fiscalía sostiene que la maniobra no constituye un simple beneficio pasivo, sino una intervención directa y consciente en el desvío de bienes de titularidad pública.
El dictamen judicial argumenta que los receptores de las dosis contaban con plena noción del orden de prelación vigente y contribuyeron a consumar la sustracción de los insumos pertenecientes al Ministerio de Salud de la Nación.
Las tres vías de la distribución clandestina
El dictamen analítico elaborado por la fiscalía reconstruyó minuciosamente el circuito operativo utilizado para vulnerar las normativas epidemiológicas. El primer evento se consumó el 18 de febrero de 2021, cuando diez vacunas destinadas originariamente al Hospital Posadas terminaron trasladadas hacia las dependencias administrativas de la cartera de Salud. En un espacio acondicionado sin habilitación sanitaria formal, en la antesala del despacho del entonces ministro Ginés González García, se aplicaron dosis a Horacio Verbitsky, al empresario Florencio Aldrey Iglesias, a sus familiares, al empresario Seza Manukian, y a los legisladores Jorge Taiana y Eduardo Valdés.
Para encubrir el desvío, la nómina de receptores fue asentada en el Registro Federal de Nominación Electrónica de Vacunación (NOMIVAC) bajo la etiqueta de “Personal Estratégico”, atribución administrativa que no les correspondía según las Resoluciones vigentes del Ministerio de Salud de la Nación.
El segundo tramo acreditado en el expediente judicial constata el envío de un frasco de vacunas hacia el domicilio particular del ex presidente Eduardo Duhalde, ubicado en el municipio bonaerense de Lomas de Zamora, el 1° de febrero de 2021.
“No existe constancia alguna de que Duhalde padeciera impedimento físico que justificara el despliegue del operativo domiciliario“, remarcó el fiscal Eduardo Taiano al desestimar cualquier privilegio institucional asociado al cargo del ex mandatario.
Durante aquel procedimiento en el chalet privado, el entonces subsecretario de Estrategias Sanitarias, Alejandro Costa, administró las dosis a Eduardo Duhalde, a su cónyuge Hilda “Chiche” Duhalde, a sus hijas María Eva Duhalde y Juliana Duhalde, y a su secretario privado Carlos Alberto Mao.
Falsificación de registros e inoculaciones en el Hospital Posadas
La tercera maniobra bajo investigación comprende la aplicación indebida de 36 dosis dentro de la propia sede del Hospital Posadas, entre el 29 de diciembre de 2020 y el 23 de febrero de 2021. En esa tanda resultaron inoculadas 23 personas seleccionadas por proximidad política o vínculos personales, entre las que figuran el periodista Gabriel Michi, el fotógrafo Esteban Collazo, la cónyuge del entonces procurador del Tesoro Carlos Zannini, Patricia Alsua, el dirigente Lorenzo Pepe, el ex intendente de Tres de Febrero Hugo Curto, su esposa Filomena Marta Burgos, el dirigente Jorge “Topo” Devoto y Marcelo Jorge Duhalde.
La documentación oficial acredita que la mayoría de estos receptores fueron registrados de manera fraudulenta como “personal de salud” del Hospital Posadas, aun cuando los profesionales sanitarios del establecimiento no habían completado su esquema básico de inmunización.
El viraje judicial impulsado por la Cámara Federal
La causa penal se abrió el 22 de febrero de 2021, tras las revelaciones públicas vertidas por Horacio Verbitsky en un medio radial, episodio que derivó en la dimisión del ministro Ginés González García. Pese a que en julio de 2021 la jueza María Eugenia Capuchetti dispuso el archivo parcial del expediente respecto de los civiles inoculados, las instancias superiores reorientaron la investigación.
En julio de 2024, la magistrada procesó a Ginés González García por abuso de autoridad y peculado. Posteriormente, en octubre de 2024, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal—integrada por los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens—confirmó los procesamientos del exministro, de Alejandro Salvador Costa, del exsecretario Marcelo Ariel Guille y del exdirector del Hospital Posadas, Alejandro Alberto Maceira. En esa misma resolución, el tribunal de alzada ordenó profundizar la persecución penal sobre los particulares que obtuvieron las vacunas para clausurar el escenario de impunidad. (Agencia OPI Santa Cruz)