El Gobierno nacional despegó su responsabilidad institucional de la detención en territorio boliviano del estratega digital que participó en la contienda electoral y acumuló múltiples ingresos a la sede gubernamental durante el año.
El vocero presidencial, Adrián Ravier, confirmó este 25 de agosto de 2026 que el consultor político Fernando Cerimedo carece de vínculos orgánicos con el presidente Javier Milei, tras trascender su detención judicial en el extranjero por un intento de homicidio calificado. Durante su habitual exposición ante los acreditados en la Casa Rosada, el funcionario nacional deslindó de manera categórica la responsabilidad del Poder Ejecutivo frente a la situación procesal que enfrenta el estratega en el ámbito internacional.
La conferencia de prensa institucional sirvió para fijar la postura gubernamental ante los registros de ingresos formales que obran en las bases administrativas públicas. El portavoz oficial reconoció que el estratega digital desempeñó funciones técnicas durante la campaña proselitista del año 2023 bajo la órbita del Gobierno nacional, aunque acotó estrictamente cualquier cercanía política posterior entre el mandatario y el operador actualmente imputado.
Las constancias documentales de acceso a la sede gubernamental reflejan una docena de ingresos formalizados durante la primera mitad del año 2024. Al respecto, la administración central argumentó que dichas visitas obedecieron a gestiones sectoriales que concluyeron con su desplazamiento definitivo de la estructura oficial, descartando rotundamente la realización de encuentros bilaterales con el jefe de Estado.
La ramificación internacional del conflicto y el desplazamiento oficial
El epicentro de la controversia político-institucional se trasladó geográficamente hacia la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, situada en el Estado Plurinacional de Bolivia, donde las fuerzas de seguridad locales concretaron la captura del consultor político. La medida restrictiva de la libertad se originó a raíz de una investigación penal caratulada por el atentado balístico sufrido por Nadia Beller, ex pareja del imputado, quien logró sobrevivir al ataque perpetrado por sicarios contratados.
Desde el Ministerio del Interior, la reacción formal se tradujo en una manifestación de sorpresa institucional ante la gravedad de los hechos ventilados por los canales diplomáticos y periodísticos internacionales. El vocero oficial enfatizó que el Estado argentino mantendrá una postura de estricta prescindencia, remitiendo la resolución integral del litigio al sistema de administración de justicia del país vecino.
La argumentación jurídica esgrimida desde el atril oficial subrayó la estricta extraterritorialidad del presunto ilícito investigado, enfatizando que cualquier eventual responsabilidad penal debe dilucidarse bajo la normativa sustantiva y procesal de los tribunales bolivianos. Con esta delimitación competencial, la administración central buscó neutralizar el impacto político interno de la causa.
El intrincado episodio judicial expone los costos colaterales de los armados electorales que incorporaron cuadros técnicos externos durante las etapas proselitistas previas al acceso al poder. Mientras la justicia extranjera profundiza sobre las hipótesis de autoría intelectual del atentado homicida, la administración federal ratificó la inexistencia de canales de comunicación vigentes con el entorno del consultor detenido.
El expediente penal en curso continuará su curso bajo la órbita de los magistrados extranjeros, mientras la administración central ratifica que el imputado no posee contratos ni designaciones vigentes dentro del organigrama del sector público nacional desde el mes de junio de 2024. (Agencia OPI Santa Cruz)