(OPI TdF) – El requerimiento del organismo de control exige expedientes sobre la actividad petrolera en la monoboya de Cullen y evalúa posibles infracciones a normativas provinciales, mientras el Ejecutivo responsabiliza a dependencias federales por las autorizaciones portuarias.
El Fiscal de Estado de la Provincia, Virgilio Martínez de Sucre, otorgó un plazo de 15 días al Poder Ejecutivo para que remita un informe documentado sobre las operaciones de un navío petrolero de bandera británica en aguas jurisdiccionales. La intimación administrativa exige copias certificadas de expedientes y registros de navegación para auditar autorizaciones oficiales.
En Ushuaia, el gobernador Gustavo Melella rechazó las acusaciones del Gobierno nacional y deslindó responsabilidades operativas: “La circulación de la embarcación en aguas de la provincia quien autoriza es la Prefectura Naval Argentina, y quien autoriza el amarre es ANPYN, no la Provincia” aseguró Melella. El mandatario cuestionó el accionar federal y agregó: “Ni siquiera nosotros podemos ingresar al puerto, no nos dejan, es la ANPYN. Son ellos los que se tienen que hacer cargo” remarcó.
El requerimiento de la Fiscalía de Estado sobre la monoboya de Cullen y la Ley 852
El 26 de agosto de 2026, la Fiscalía de Estado formalizó el requerimiento tras recibir una denuncia particular. El documento oficial instruye al Ejecutivo a detallar si agencias marítimas, autoridades nacionales o la firma TotalEnergies tramitaron permisos para operar en la monoboya de Cullen.
La Ley Provincial Nº 852, conocida como Ley Gaucho Rivero, rige los controles que Martínez de Sucre busca verificar respecto al manifiesto de crudo y las inspecciones de carga. El órgano de control solicitó las actas oficiales para determinar los antecedentes de amarre y practicaje tanto del ejercicio actual como de períodos anteriores.
La Dirección Provincial de Puertos abona actualmente los haberes del personal portuario ante el conflicto institucional. Sobre esta situación, el mandatario alertó: “El hecho más grave es la intervención que han hecho, que es ilegal e ilegítima, y se llevan los recursos de los fueguinos” indicó, mientras aguarda una definición de la Justicia Federal. (Agencia OPI Tierra del Fuego)
