El Foreign Office instruyó a corporaciones privadas a desestimar intimaciones judiciales de la Casa Rosada y prometió gestiones diplomáticas directas ante terceros países para blindar la explotación hidrocarburífera en el Atlántico Sur.
El Ministerio de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo del Reino Unido publicó el 15 de septiembre de 2026 una directiva comercial que instruye a corporaciones multinacionales a rechazar las intimaciones emitidas por la administración del presidente Javier Milei. El instrumento oficial desconoce la potestad regulatoria de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, respalda la exploración de hidrocarburos en la plataforma continental y formaliza un protocolo de protección diplomática para prestadores privados.
El documento gubernamental, formalizado bajo la denominación “Hacer negocios con las Islas Malvinas”, constituye la primera contestación diplomática estructurada por el gobierno británico ante la multiplicación de penalidades administrativas cursadas desde la Casa Rosada contra firmas navieras y energéticas. El gabinete del primer ministro ratificó que considera al archipiélago un territorio británico de ultramar y reiteró que la diplomacia británica rehusará cualquier negociación sobre soberanía “a menos que los isleños así lo deseen”.
La directiva técnica defiende expresamente el derecho de los habitantes del archipiélago a regular su circuito comercial y explotar los recursos naturales circundantes, con foco prioritario en la prospección hidrocarburífera de las cuencas costa afuera. El documento establece que Londres considera legítima cualquier actividad mercantil fiscalizada por la administración colonial, rechazando de plano las objeciones jurídicas sustentadas en las resoluciones del Comité de Descolonización de la Organización de las Naciones Unidas.
El instructivo ministerial previene a accionistas, contratistas y particulares sobre la posibilidad de recibir comunicaciones intimatorias originadas por dependencias estatales de Buenos Aires por sus tareas productivas en la zona insular. El Foreign Office estipula con rigor procesal que la República Argentina no posee facultades institucionales ni base jurídica para aplicar leyes nacionales extraterritoriales sobre personas jurídicas extranjeras que operan en las islas.
El FCDO coordinará gestiones diplomáticas para neutralizar intimaciones
El gabinete británico destacó en el texto oficial que los regímenes sancionatorios aplicados con anterioridad por gestiones argentinas precedentes fracasaron en su objetivo de entorpecer el desarrollo económico y comercial insular. Frente al escenario actual de intimaciones cruzadas, el gobierno de Londres instó a las firmas afectadas a contratar asesoramiento legal independiente para responder técnicamente a eventuales demandas planteadas por los ministerios del gobierno argentino.
La asistencia británica contempla una cláusula de auxilio directo por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo para proteger las cadenas de suministro internacionales frente al accionar argentino. El organismo público británico formalizó su disposición a intervenir de manera activa ante terceros gobiernos extranjeros en aquellos supuestos donde una compañía matriz, sucursal o firma proveedora reciba presiones diplomáticas motivadas por sus contratos en el archipiélago.
El pronunciamiento oficial británico surge en el momento exacto en que la administración del presidente Javier Milei intensifica los sumarios y sanciones contra consorcios petroleros extranjeros. El Poder Ejecutivo nacional diseña un proyecto de ley orientado a dotar al Estado argentino de instrumentos punitivos más severos para inhabilitar comercialmente a empresas que suministren asistencia técnica a las plataformas operativas en el área en litigio.
Las actuaciones administrativas de la administración libertaria buscan restringir el acceso a licitaciones energéticas en el territorio continental a toda firma que participe en proyectos extractivos no autorizados en el Atlántico Sur. Frente a esa ofensiva legal argentina, el gabinete británico consolidó el canal de defensa corporativa internacional que mantendrá la vigencia de las operaciones extractivas mientras prosigue la controversia interestatal. (Agencia OPI Santa Cruz)
