(OPI TdF) – La intervención nacional rechazó dos inspecciones técnicas consecutivas para auditar el Certificado Ambiental Anual y obras hídricas, lo que compromete la trazabilidad de sustancias descargadas por buques en la terminal marítima.
La Secretaría de Ambiente de Tierra del Fuego denunció que la intervención de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) impidió dos inspecciones técnicas dentro del Puerto de Ushuaia. La administración provincial busca auditar la descarga de residuos peligrosos y obras en la franja costera, ante lo cual el Ministerio de Producción y Ambiente evalúa iniciar sumarios administrativos y elevar una demanda judicial.
Dos inspecciones técnicas registraron la negativa formal de las autoridades federales durante septiembre. La Dirección General de Gestión Ambiental intentó ejecutar la auditoría vinculada al Certificado Ambiental Anual y verificar la trazabilidad de sustancias de buques, mientras Recursos Hídricos procuró constatar intervenciones costeras, drenajes y amarraderos.
ANPYN bloqueó el ingreso de inspectores provinciales
Las autoridades nacionales rechazan la jurisdicción local al aducir facultades exclusivas sobre la infraestructura portuaria. En respuesta, la Provincia esgrime facultades concurrentes y el dominio de los recursos consagrado en el artículo 124 de la Constitución Nacional.
“El impedimento del ingreso es grave”, sostuvo Lisi Cristofano, Secretaria Legal de la cartera productiva, quien remarcó que las tareas buscan resguardar bienes protegidos por la normativa fueguina y ratificó: “Nosotros tenemos facultades concurrentes siempre”.
La falta de acceso anula la trazabilidad de residuos
El impedimento técnico frena la fiscalización del material que descargan las embarcaciones antes de su traslado a operadores habilitados. Cristofano advirtió que la imposibilidad física de acceder al muelle rompe la cadena de custodia: “Si uno no puede ingresar al lugar de descarga para que después el operador lo pueda tratar, se pierde la trazabilidad”.
El Ministerio documenta los rechazos de acceso y elabora informes sobre las áreas comprometidas. El procedimiento oficial contempla notificar a los prestadores que retiran residuos y avanzar con sumarios administrativos, paso previo a la intervención de los servicios jurídicos provinciales para accionar en tribunales. (Agencia OPI Tierra del Fuego)