La auditoría oficial remitida a los tribunales expuso sobreprecios de hasta cuatro cifras frente a valores de otros entes estatales, facturas abonadas dos veces y falsificación de recepciones de prótesis en Río Negro.
Informes técnicos remitidos a la Justicia revelaron presuntas maniobras fraudulentas y sobreprecios de hasta 1972% en las contrataciones gestionadas por la entonces Agencia Nacional de Discapacidad. El relevamiento entregado por el Ministerio de Salud y el interventor de la ex entidad, Alejandro Vilches, detalló adquisiciones de equipamiento médico con brechas millonarias frente a otros organismos públicos, irregularidades en remitos de entrega y expedientes con duplicación de pagos a firmas proveedoras.
El expediente judicial incorporó la acreditación de insumos médicos nunca entregados a los beneficiarios directos. La auditoría documentó el caso de un paciente de Río Negro con amputación que figuraba administrativamente como receptor de una prótesis que jamás llegó a su poder. La pesquisa interna comprobó que el remito de recepción firmado por la madre del damnificado se obtuvo mediante engaño durante las evaluaciones para la toma de medidas corporales.
El informe financiero aportó contrastes directos entre las compras de la ex agencia y las cotizaciones de otras dependencias estatales. La administración pagó a la firma Farma Salud la suma de $425 millones por válvulas bicavales transcatéter, cuando el PAMI había adjudicado un producto semejante meses antes por un valor de $124,2 millones. El cotejo pericial computó además un sobreprecio del 711% en la compra de una válvula pulmonar y un desfase del 219% en la adjudicación de un neuroestimulador.
Las inconsistencias contables alcanzaron adquisiciones en moneda extranjera y comprobantes tributarios cancelados reiteradamente. El organismo abonó a Droguería Floresta un precio promedio de US$62.613 por cada implante coclear, una cifra muy distante de las referencias vigentes en el mercado. En el caso de la proveedora Indecomm, la intervención detectó una misma factura liquidada en dos oportunidades por $28,7 millones cada una, a lo que sumaron compras de bienes importados con desvíos de entre 300% y 1000% frente a la producción médica nacional. (Agencia OPI Santa Cruz)