Las acciones de la petrolera británica acumulan un retroceso mensual del 32% en la Bolsa de Londres tras ratificar la fase inicial de 11 pozos en las Islas Malvinas bajo sanciones argentinas.
Las acciones de la petrolera británica Rockhopper registraron un derrumbe del 19,28% en la Bolsa de Londres al inicio de las operaciones semanales, tras ratificar la continuidad del proyecto hidrocarburífero Sea Lion en aguas de las Islas Malvinas sin autorización de la República Argentina. El repliegue bursátil profundizó una tendencia negativa que acumula una contracción del 32% en el último mes, dinamizada por la falta de aval oficial y la activación de litigios internacionales por parte de la administración federal.
La desvalorización del activo incorporó una pérdida del 8,13% durante las dos primeras ruedas hábiles de octubre, antecedida por una merma cercana al 18% registrada a lo largo de septiembre. El retroceso financiero coincide con la confirmación empresaria de sostener la exploración en la cuenca Malvinas, una decisión corporativa que colisiona con el régimen sancionatorio instrumentado desde Buenos Aires para bloquear la actividad hidrocarburífera en la plataforma continental sin permisos de la autoridad soberana.
El esquema societario del bloque adjudica a Rockhopper una tenencia minoritaria del 35%, mientras que la operadora israelí Navitas Petroleum retiene el 65% del consorcio a cargo de Sea Lion. La ingeniería financiera de la primera etapa del programa contempla el desarrollo de 11 pozos, cuyo paquete de financiamiento quedó aprobado hacia fines de 2025, proyectando el inicio formal de las tareas de perforación para comienzos de 2027 y fijando la etapa de extracción comercial hacia el primer trimestre de 2028.
El presidente Javier Milei instruyó la formalización de un arbitraje internacional bajo las prescripciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar para frenar el avance del consorcio privado. La estrategia procesal del Estado argentino prevé la integración de un tribunal compuesto por cinco árbitros, instancia que habilita la solicitud previa de medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar contra la explotación hidrocarburífera británica.
La vía del litigio marítimo complementa las denuncias penales, expedientes sancionatorios y demandas radicadas contra las compañías que prestan servicios o ejecutan faenas extractivas en el archipiélago. La ofensiva estatal apunta a elevar el costo operativo y la contingencia jurídica sobre los activos de las empresas intervinientes, ratificando los reclamos soberanos sobre los espacios marítimos australes circundantes a las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur. (Agencia OPI Santa Cruz)