La delegación argentina expuso en Hamburgo contra el proyecto Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte, que contempla 35 años de explotación y hasta 23 pozos tras la prórroga de licencias británicas.
El Tribunal Internacional del Derecho del Mar celebró en Hamburgo, Alemania, la primera audiencia para tratar la solicitud de la República Argentina de dictar medidas provisionales contra el Reino Unido y frenar la explotación de petróleo en las Islas Malvinas. La presentación nacional apunta directamente contra el proyecto Sea Lion, desarrollado por la empresa israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration en la Cuenca Malvinas Norte.
El Consejero Legal de la Cancillería, Mario Oyarzábal, intervino en calidad de agente ante el tribunal para advertir que “lo que está en juego no puede ser restituido” porque los hidrocarburos constituyen recursos no renovables y su extracción resulta definitiva. El Gobierno argentino cuestionó que el Reino Unido autorizó “unilateralmente” la actividad hidrocarburífera en la plataforma continental circundante al archipiélago, al que definió como “un territorio sujeto a una disputa de soberanía cuya descolonización sigue pendiente“.
El planteo por las licencias y los plazos de Sea Lion
La delegación de Argentina denunció ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar que las autoridades británicas prorrogaron por cinco años las licencias de producción y se negaron a adoptar medidas provisionales, lo que “agravó la controversia“. Pese al reclamo nacional, el cronograma original fijaba el inicio de la perforación a principios de 2027, fecha que luego fue aplazada al 21 de marzo del próximo año.
Según los detalles técnicos del proyecto Sea Lion, el plan contempla la explotación petrolera de la cuenca durante 35 años, con la posibilidad de perforar 23 pozos de producción y ejecutar nuevas etapas de desarrollo. Oyarzábal reclamó frenar la iniciativa mientras se sustancia el arbitraje internacional, ya que si se cumplen los plazos anunciados “los trabajos preparatorios ya estarían en marcha y el Tribunal Arbitral no estaría en condiciones de brindar a la Argentina una protección efectiva“.
El agente Mario Oyarzábal sostuvo ante los jueces en Hamburgo que “la perforación altera de manera permanente el lecho y el subsuelo marino” y remarcó que “el petróleo una vez sustraído no puede ser devuelto“, por lo que ninguna indemnización posterior “podría restablecer el status quo“. La comitiva oficial incluyó a la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzábal Murphy, y a la embajadora argentina en Alemania, Betina Pasquali de Fonseca, como co-agente.
La representación técnica se completó con los internacionalistas Marcelo Kohen y Nico Schrijver a cargo de la defensa jurídica, junto al asesor jurídico Agustín Giustiniani. Tras la exposición argentina, el Reino Unido presentó su postura y las partes volverán a enfrentarse en la segunda y última ronda de exposiciones prevista para la jornada siguiente. (Agencia OPI Santa Cruz)
