Una inspección oficial del máximo tribunal reveló sentencias frenadas y más de mil escritos sin tramitar en dependencias civiles y de familia de la capital santacruceña, otorgando plazos perentorios para regularizar el fuero.
El Tribunal Superior de Justicia ordenó la instrumentación urgente de planes de contingencia y reestructuraciones operativas sobre cinco juzgados de primera instancia con asiento en Río Gallegos. La determinación administrativa surgió tras una inspección directa sobre el servicio tribunalicio en el sur provincial, donde el cuerpo documentó un pasivo procesal acumulado de 2.192 casos sin resolver. Mediante una disposición firmada el 7 de octubre de 2026 por el presidente del cuerpo, Gabriel Contreras Agüero, la conducción judicial conminó a los magistrados a subsanar los atrasos en un plazo no mayor a dos meses.
La auditoría oficial detectó dilaciones procesales severas que comprenden 219 sentencias pendientes, 60 resoluciones interlocutorias sin dictar, 566 expedientes sin asignar y otros 192 expedientes asignados que permanecen sin despacho de trámite. El segmento de mayor congestión administrativa correspondió a 1.155 escritos que carecen de asignación y proveído formal. Ante este cuadro, el máximo tribunal emplazó a la Cámara de Apelaciones a elevar un informe detallado con el cronograma correctivo en un término perentorio de quince días.
Las dependencias alcanzadas por la manda corresponden al Juzgado de Familia N° 1, a cargo de Luis Cappa; el Juzgado de Familia N° 2, encabezado por Antonio Andrade; el Juzgado de Familia N° 3, bajo la titularidad de Cecilia López; el Juzgado Civil, Comercial, Laboral y de Minería N° 1, que dirige Marcelo Hugo Bersanelli, y el Juzgado Civil, Comercial, Laboral y de Minería N° 2, cuyo responsable no fue individualizado en las actuaciones publicadas.
Parálisis procesal y colapso del sistema informático SIPED
En el fuero Civil N° 1 se concentró la totalidad de los 1.155 escritos paralizados en el sistema informático SIPED. Los registros revelaron 475 trámites demorados en la Secretaría N° 1, 570 presentaciones acumuladas en la Secretaría N° 2 y 110 piezas procesales pendientes en la Secretaría N° 3. Frente a la intimación, las dependencias judiciales justificaron las demoras procesales argumentando el impacto de medidas de fuerza convocadas por el gremio judicial, sumadas a deficiencias edilicias y escasez de insumos informáticos básicos para el despacho diario.
El Tribunal Superior rechazó los justificativos interjurisdiccionales y ratificó la obligación legal de sostener un servicio judicial permanente, continuo y desprovisto de dilaciones irrazonables que vulneren el acceso a la tutela efectiva. El proceso de normalización quedó sujeto a la fiscalización de la alzada departamental, la cual debe remitir su plan operativo antes del vencimiento del término de dos semanas fijado por la presidencia del cuerpo. (Agencia OPI Santa Cruz)