15:00 – El gobierno de Neuquén había sido condenado a entregar datos relacionados con su inversión en publicidad oficial. Pero cumplió sólo parcialmente. Ahora, la justicia neuquina intimó a que se entregue toda la información bajo apercibimiento de imponer una multa al Fiscal de Estado. El amparo había sido interpuesto por organizaciones sociales con el patrocinio de la ADC.
La justicia de Neuquén intimó al gobierno provincial a entregar información sobre los gastos en publicidad oficial correspondientes a los años 2004, 2005 y 2006, bajo apercibimiento de aplicar una multa al Fiscal de Estado provincial.
A mediados de este año, la justicia provincial –tanto en primera como en segunda instancia- había ordenado al gobierno de la provincia a entregar información sobre inversión publicitaria que había sido requerida por distintas organizaciones sociales. La sentencia fue el resultado de una acción de amparo iniciada por Convocatoria Neuquina por la Justicia y la Libertad, la Cooperativa de Trabajo (8300) y el Sindicato de Prensa de Neuquén, con el patrocinio de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC).
La provincia entregó a través de la Fiscalía de Estado cierta documentación relacionada con el pedido original, pero la jueza consideró que la información era parcial y no cumplía con lo ordenado. La información solicitada hacía referencia a la inversión publicitaria de la provincia en 2004, 2005 y primer semestre de 2006, con el detalle de los medios de comunicación que recibieron pauta, las campañas publicitarias efectuadas y sus montos y los criterios de asignación utilizados.
Entre otros puntos, la magistrado ordenó que los datos relativos a 2004 y 2005 se desdoblen por semestres y exigió que la provincia de a conocer “los criterios de adjudicación utilizados para asignar la publicidad oficial a cada medio y tipo de medio”.
Según la jueza, la falta de entrega de la información solicitada impide a la sociedad “examinar la razonabilidad” de las medidas del gobierno adoptadas en relación a su gasto publicitario. Y señaló que sólo con esos datos se podrá “garantizar el derecho a la información constitucionalmente amparado”. En caso de no cumplir en un plazo de 30 días le aplicará una multa (astreintes) al propio Fiscal de Estado de la provincia patagónica. (ADC/Agencia OPI Santa Cruz)
