La Fiscalía vinculó las causas Hotesur y Los Sauces con Vialidad

La Fiscalía liderada por Diego Velasco detalló una facturación de $25.968.042,30 en alquileres concentrada en los grupos Indalo y Báez, vinculada con la obra pública vial en Santa Cruz y activos en Río Gallegos y El Chaltén.

El Tribunal Oral Federal N°5 (TOF N°5) reanudó el juicio oral por las causas Hotesur y Los Sauces con la lectura de la motivación del requerimiento fiscal contra la expresidenta Cristina Kirchner y el diputado Máximo Kirchner. En las actuaciones registradas durante la audiencia, la Fiscalía encabezada por Diego Velasco expuso que los exmandatarios Néstor Kirchner y Cristina Kirchner ejecutaron por más de 12 años una estructura para “enriquecer ilegítimamente a Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa” junto a su propio grupo familiar.

El requerimiento acusatorio vinculó el origen del dinero con la provincia de Santa Cruz, al precisar que “los fondos que ingresaban a la empresa o bien provenían de la defraudación al Estado a través de la asignación irregular de obra pública vial en Santa Cruz a Lázaro Báez, o bien ingresaban con motivo del ofrecimiento y admisión de dádivas por los distintos contratos, concesiones, licencias y beneficios impositivos otorgados a Cristóbal Manuel López y Carlos Fabián De Sousa”. Según las pruebas de la Fiscalía, la inmobiliaria Los Sauces facturó $25.968.042,30 en alquileres de propiedades y hoteles durante el período investigado, monto del cual el 65% provino del Grupo Indalo y el 23% del Grupo Báez.

La acusación incorporó al patrimonio investigado dos terrenos en Río Gallegos, el hotel La Aldea en El Chaltén, una vivienda de Cristina Kirchner en Santa Cruz y un terreno transferido por Austral Construcciones S.A. en una compraventa simulada para ocultar una donación. Velasco sostuvo que la operatoria de Lázaro Báez está ligada a los delitos juzgados en la causa Vialidad, dado que “ambas configuran distintos planes criminales de una misma asociación ilícita tendientes a sustraer —mediante la defraudación al Estado— y a apoderarse —a través de una maniobra de lavado de dinero— del trabajo de la comunidad”.

El directorio familiar de Los Sauces

El fiscal Diego Velasco detalló ante el Tribunal Oral Federal N°5 que Néstor Kirchner, Cristina Kirchner y Máximo Kirchner constituyeron en 2006 la sociedad Los Sauces como una “pantalla” societaria con la intervención del contador Víctor Manzanares y el escribano Jorge Ludueña. En esa estructura, el actual diputado nacional asumió la presidencia del directorio desde 2006 hasta 2015, vendió propiedades a Austral Construcciones S.A. “con las que fondearían la adquisición de dicha sociedad”, suscribió contratos de locación hotelera y retiró fondos de Hotesur.

La pieza fiscal señaló que el matrimonio presidencial sostuvo “un directorio espejado al órgano de gobierno compuesto con personas de su entorno íntimo familiar” donde Néstor Kirchner actuó como director suplente hasta su fallecimiento en 2010 y Cristina Kirchner ocupó ese puesto hasta 2014. En 2012, Florencia Kirchner —quien fue sobreseída y no integra el juicio oral— ingresó como vicepresidenta, mientras que en 2015 la sobrina de los exmandatarios, Romina Mercado, reemplazó a Máximo Kirchner en la presidencia tras participar en los dos mecanismos de lavado de activos.

El Ministerio Público Fiscal verificó que la firma carecía de sede social y de personal para operar como inmobiliaria, registrando únicamente como empleados a Florencia Kirchner y al jardinero personal de la exmandataria. El dictamen remarcó que “llamativamente el arrendamiento de ninguna propiedad de la firma fue tratado, analizado ni aprobado por el órgano de administración”, al tiempo que los libros societarios presentaban alteraciones contables “con la finalidad de enmascarar o recortar la verdad de los hechos”.

El retorno de fondos del Grupo Indalo

La acusación presentada por Diego Velasco ante el Tribunal Oral Federal N°5 determinó que Cristóbal Manuel López, Carlos Fabián De Sousa y Lázaro Báez “aportaron a la organización criminal la ingeniería societaria y contable” para captar recursos públicos y garantizar su retorno a la familia de Cristina Kirchner. El requerimiento describió que el Grupo Indalo experimentó un crecimiento exponencial mediante negocios sujetos a control estatal y beneficios impositivos ilegítimos, tras lo cual alquilaba unidades de Los Sauces en el complejo Madero Center “a valores mayores que los de mercado”.

Mientras una fracción de los activos se alquilaba a los conglomerados empresariales, la sociedad adquirió otros inmuebles destinados al “uso personal” de los imputados, incluyendo departamentos en el edificio Madero Center y las propiedades ubicadas en territorio santacruceño. Dentro de ese inventario figura el departamento de la calle San José 1111, domicilio donde la expresidenta cumple prisión domiciliaria por su condena a 6 años de prisión en la causa Vialidad.

La investigación patrimonial acreditó que la unidad de San José 1111 fue adquirida por Los Sauces en el año 2015 por un valor de USD 370.000, operación que se canceló mediante la entrega de Certificados de Depósito para la Inversión (CEDINES) sin utilizar dinero en efectivo. Tras concluir la audiencia, el TOF N°5 dispuso un cuarto intermedio y postergó la sesión prevista inicialmente para el viernes, fijando la continuidad de la lectura de la acusación de la causa Los Sauces para el lunes 2 de noviembre antes de iniciar el tramo correspondiente a Hotesur. (Agencia OPI Santa Cruz)