(OPI TdF) – El Fiscal Mayor de Ushuaia, Eduardo Urquiza, suscribió un requerimiento de instrucción, y por lo tanto habilitó el inicio de una causa penal, para investigar al ex presidente de la Dirección Provincial de Energía (DPE) Alejandro Ledesma y a otros cuatro empleados del organismo involucrados en una denuncia por presuntas irregularidades efectuada por funcionarios de la actual administración de gobierno.
Investigan una licitación pública realizada a finales de 2019, la empresa adjudicada cobró $2 millones y nunca entregó los productos. La Fiscalía elevó un requerimiento de instrucción penal donde imputa al ex titular de Energía, actual Subsecretario de Seguridad Urbana de la Municipalidad de Ushuaia.
El representante del Ministerio Público imputó en la causa a Ledesma, a Patricia Valencia, jefa del departamento administrativo contable de la DPE, a Oscar Iasich, jefe de división del departamento administrativo contable de la DPE, y a Javier Dos Santos y Mario Medina, trabajadores del sector del pañol, según se desprende del requerimiento.
También podrían ser investigados los directivos de la empresa privada Ingeniería 65 SRL, adjudicatarios de la licitación pública por materiales para la DPE por 2 millones de pesos.
De acuerdo al relato de los hechos efectuado por el propio fiscal, el origen de la causa es la resolución 774/19 de la DPE, que aprobó el pliego de bases y condiciones para la adquisición de “empalmes y conectores terminales de 13,2 y 33KV para el pañol del Departamento de Distribución”.
A raíz de ello se realizó la licitación 21/2019 que estableció un plazo de entrega de la mercadería de 45 días luego de la adjudicación, y un período de pago de 30 días posterior a que efectivamente fueran recibidos los elementos.
Sin embargo, en la denuncia consta que el 8 de noviembre recibió un pago adelantado de $1,7 millones y que el 13 de diciembre recibió el saldo de la operatoria, mientras que el 5 de febrero figura una nota de los responsables del pañol preguntando cuándo se recibirán los artefactos adquiridos.
Según figura también en un informe del Tribunal de Cuentas, que intervino en el caso, el pago se debería haber realizado contra la entrega de los productos, mientras que la DPE “no estaba autorizada” para efectuar un anticipo financiero. (Agencia OPI Tierra del Fuego)
